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Denuncian presunta corrupción en la adjudicación de viviendas públicas en Alicante
El escándalo por la adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO) a cargos del Ayuntamiento de Alicante ha escalado a instancias judiciales. El grupo municipal del PSPV ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, detallando la presunta comisión de cinco delitos en la adjudicación de estas viviendas.
Acusaciones y Dimisiones
La denuncia del PSPV señala presuntas irregularidades que ya han provocado la dimisión de dos cargos en el Ayuntamiento. Ana Barceló, portavoz del PSPV, ha destacado que el gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) podría haber vulnerado el derecho de acceso a la vivienda para favorecer a personas vinculadas a su administración, en una promoción construida sobre suelo municipal.
La exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), responsable del suelo de la ciudad, se vio obligada a dimitir debido a la presión generada por el caso. Además, el escándalo salpica a familiares de la exdirectora general (también dimitida) y a un arquitecto municipal, quienes figuran en la lista de beneficiarios de las viviendas, generando indignación social.
Delitos Denunciados
El escrito presentado ante la Fiscalía solicita que se investiguen posibles delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, conflicto de intereses, estafa y fraude a la Administración.
Los denunciantes argumentan que se habría incurrido en un fraude de ley al utilizar suelo público cedido por el Ayuntamiento para fines que, en lugar de responder al interés general, habrían beneficiado a cargos del Partido Popular.
Reacciones y Demandas
Ana Barceló ha calificado la situación como “lamentable”, recordando que existen más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública en Alicante.
El PSPV insiste en que las dimisiones no cierran el caso y exigen al alcalde la convocatoria de un pleno extraordinario y la creación de una comisión de investigación para esclarecer cómo el patrimonio municipal terminó favoreciendo a los propios gestores del Ayuntamiento.
