Nuevos Casos de Viviendas Protegidas Asignadas a Personas Vinculadas al PP en Alicante
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La polémica en torno a la adjudicación de viviendas protegidas (VPO) en la urbanización de la playa de San Juan, Alicante, continúa creciendo. Ahora, se ha revelado que dos personas con vínculos personales con la concejala de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali, también fueron beneficiarias de estas viviendas en el controvertido residencial de 140 pisos.
Además, se suman otros 11 casos de viviendas adjudicadas a individuos con conexiones con el Ayuntamiento, incluyendo un policía local y la hermana de una funcionaria del gabinete de prensa.
Nuevos Vínculos Revelados
En el caso de la concejala Beldjilali, una de las beneficiarias sería la hermana de su secretaria, a quien la Conselleria de Vivienda ya ha solicitado documentación para verificar el cumplimiento de los requisitos. La otra persona cercana a la edil es una funcionaria interina administrativa, con quien comparte una relación desde que ambas participaron como candidatas a Bellea del Foc de Alicante en 2017.
Acumulación de Casos Polémicos
Estos nuevos casos se suman a otros ya conocidos, como los pisos adjudicados a la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, a familiares de la exdirectora general Ana Pérez-Hickman, al arquitecto municipal Francisco Nieto y a una técnica cesada. En total, al menos 13 viviendas estarían en manos de personas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante.
Investigación en Curso
La Conselleria de Vivienda ha solicitado información adicional a una decena de adjudicatarios para verificar si cumplen los requisitos establecidos. Además, la Fiscalía Anticorrupción está preparando una denuncia judicial sobre este asunto.
Informe Municipal Previo
Un informe elaborado por el Ayuntamiento de Alicante a finales de la semana pasada ya había alertado sobre la posibilidad de que más funcionarios municipales o sus familiares directos hubieran sido beneficiados con viviendas protegidas. Este informe, elaborado por el área de Patrimonio del Consistorio y dirigido al alcalde Luis Barcala, señalaba que personal municipal “posiblemente interviniente en la gestión del contrato resultó adjudicatario (directa o indirectamente) una vivienda protegida en el complejo construido”.
Denuncia ante la Fiscalía
El informe de Patrimonio forma parte de la denuncia presentada por el Ayuntamiento ante la Fiscalía Provincial de Alicante para que se investigue si el procedimiento de adjudicación incurrió en alguna infracción penal y, en caso afirmativo, se determinen las responsabilidades correspondientes.
La denuncia destaca que, tras la construcción de las viviendas, la cooperativa remitió al Ayuntamiento un listado de los inmuebles VPP entregados, junto con los nombres de los beneficiarios y la acreditación de que cumplían los requisitos legales. Sin embargo, al estudiar el documento, el Servicio de Gestión Patrimonial municipal constató que entre los compradores adjudicatarios había personas con relaciones de parentesco o vínculos con empleados o cargos del Ayuntamiento que pudieron participar en fases relevantes del expediente.
Aunque todos los adjudicatarios cumplen los requisitos exigidos por la normativa, la concurrencia de estos vínculos personales “levantó señales de alerta por posible conflicto de interés y eventuales incumplimientos del deber de abstención de dichos empleados o autoridades en el procedimiento administrativo”, según la denuncia.
Además, el informe de Patrimonio también señaló un “posible incumplimiento de las condiciones legales de acceso a las VPP construidas, bien por no cumplirlas directamente, bien por haber faltado a la verdad u omitido ésta a la hora de declararlas”.
