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Nuevos radares de ruido multan a vehículos ruidosos en ciudades españolas
La lucha contra la contaminación acústica en las ciudades españolas ha dado un paso adelante con la implementación de los llamados “radares de ruido” o “radares medusa”. Estos dispositivos, diseñados para detectar y sancionar a los vehículos que superan los niveles acústicos permitidos, ya están operativos o en fase de pruebas en una docena de puntos en diferentes ciudades del país.
¿Cómo funcionan los radares de ruido?
Estos radares están equipados con micrófonos de alta sensibilidad y cámaras.
Los micrófonos captan el sonido ambiente, mientras que las cámaras registran la matrícula del vehículo cuando se detecta un exceso de decibelios. Un software analiza los datos y, si el nivel sonoro supera el umbral permitido, se genera una multa.
Las sanciones económicas varían dependiendo del municipio y del exceso detectado, oscilando entre los 90 y los 600 euros, pudiendo ser incluso mayores en los casos más graves.
El objetivo es disuadir conductas como circular con el volumen al máximo, con el escape roto o con modificaciones no homologadas que incrementan el ruido del vehículo.
Debate jurídico y posibilidad de reclamaciones
La llegada de estos dispositivos ha generado debate, especialmente en lo que respecta a la seguridad de que el ruido captado provenga realmente de un vehículo concreto. En entornos urbanos, los edificios y el tráfico denso pueden enturbiar la medición sonora, dificultando la identificación exacta del infractor.
Expertos señalan que es posible recurrir este tipo de sanciones, especialmente cuando existan dudas sobre la correcta identificación del vehículo o sobre la fiabilidad de la medición.
Esto podría ocurrir con mayor frecuencia en calles estrechas, zonas con rebote acústico o tramos con tráfico intenso. La administración debe acreditar la infracción y aportar pruebas suficientes que permitan al conductor defenderse.
Expansión en las ciudades
Aunque la implantación de los radares de ruido aún es limitada, varias ciudades han confirmado su interés en ampliar este tipo de controles dentro de sus planes de movilidad sostenible y reducción de la contaminación acústica.
Es fundamental que la introducción de estas tecnologías vaya acompañada de criterios técnicos claros, transparencia y seguridad jurídica para evitar sanciones injustas y garantizar una correcta aplicación de la normativa.
