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El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana ha anunciado que solicitará la creación de una Comisión de Investigación en el próximo Pleno del 26 de febrero. El objetivo es esclarecer las denuncias sobre la existencia de protocolos para desalojar a personas sin hogar de diversos espacios públicos en la ciudad de Cádiz.

Esta iniciativa surge tras la denuncia del comité de empresa del servicio de Parques y Jardines, quienes hicieron público un supuesto “protocolo de la vergüenza”. Según los representantes sindicales, este protocolo implicaba la presencia conjunta de operarios y la Policía Local en áreas donde duermen personas sin hogar, con la consiguiente retirada de mantas y pertenencias.

Exigencia de una investigación transparente

Desde Adelante, liderados por David de la Cruz, insisten en que la gravedad de las denuncias exige una investigación exhaustiva y transparente. “La gravedad de las denuncias y la posible vulneración de derechos fundamentales exigen no sólo explicaciones públicas, sino una investigación rigurosa y transparente que permita esclarecer los hechos y, en su caso, asumir las responsabilidades políticas correspondientes”, han manifestado.

La formación política considera que la ciudadanía “merece saber qué instrucciones se han dado, quién las ha ordenado, bajo qué cobertura jurídica y con qué criterios”.

Cuestionan que la negativa del equipo de Gobierno de Bruno García a reconocer los hechos sea suficiente y exigen transparencia institucional.

Confirmación de la APDHA

La petición de Adelante se produce después de que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) confirmara, según la coalición, la existencia de un protocolo destinado al desalojo de personas sin hogar y la retirada de sus bienes.

Para Adelante, estos hechos constituirían “una actuación institucional inaceptable, contraria a los derechos fundamentales y a la dignidad de personas que ya se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad social”. Advierten que la retirada y posible destrucción de enseres podría implicar una vulneración de derechos básicos reconocidos por la ley.

Antecedentes de la polémica

La controversia comenzó semanas atrás con la denuncia del comité de empresa, que calificó el procedimiento de “ilegal e inhumano”. Posteriormente, la empresa adjudicataria negó haber dado órdenes de desalojo, mientras que el Ayuntamiento defendió que se trata del mismo procedimiento aplicado desde hace años y negó cualquier acto de hostigamiento.

Paralelamente, el PSOE acusó al alcalde de ignorar durante meses las advertencias de los trabajadores y colectivos sociales. Organizaciones como el Movimiento Nadie Sin Hogar y la Asociación Despertares pidieron la dimisión del concejal de Bienestar Social tras registrarse cuatro muertes en enero.

Ahora, Adelante aumenta la presión y exige que la futura Comisión de Investigación analice la existencia, alcance y aplicación de los denominados “protocolos de la vergüenza”.

Buscan citar a responsables políticos y técnicos, así como a representantes sindicales y de la APDHA.

“Un Ayuntamiento democrático no puede permitir que actuaciones que afectan a los derechos humanos de las personas más vulnerables queden envueltas en la opacidad o la negación”, concluyen desde la coalición.