Polémica en Sevilla: Jueza otorga custodia de niña a padre investigado por abuso
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Una jueza de Sevilla ha generado controversia al ordenar el cambio de custodia de una niña de seis años, pasando de la madre al padre, quien en ese momento estaba siendo investigado por presuntos abusos sexuales y maltrato hacia la menor.
La decisión, tomada por la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia número 6 de Sevilla, ha sido apelada por la defensa de la madre, argumentando que se produjo mientras existía una investigación penal en curso contra el progenitor. La niña había señalado al padre como responsable de lesiones en el cuello y la zona genital, según informes médicos incorporados al caso.
Archivo de la causa penal: Una semana después de la orden de entrega de la menor, una magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla archivó la causa penal, iniciada en mayo de 2025, al considerar que no había suficientes indicios para continuar con el procedimiento por los delitos denunciados.
El auto de archivo se basa en un informe médico forense que, tras revisar siete partes de asistencia médica, concluyó que solo dos reflejaban lesiones leves, compatibles con presión manual, sin poder considerarse indicio de violencia intencional.
Argumentos de la defensa: La defensa de la madre argumenta que la ausencia de lesiones externas no descarta conductas abusivas, especialmente en menores con dificultades de expresión o desarrollo madurativo. Citan jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, recordando que los abusos sexuales pueden no dejar huella física, pero sí afectar gravemente a la esfera psicológica y moral del menor.
La abogada solicita que se continúe la investigación hasta agotar las indagaciones pertinentes, incluyendo la exploración judicial recomendada por el Programa especializado de Evaluación y Diagnóstico (ADIMA), para garantizar la protección integral de la menor.
Contradicción entre jurisdicciones
La defensa de la madre denunció una “contradicción” entre la jurisdicción civil y la penal. El Juzgado de Familia ordenó la entrega de la menor al padre el 26 de enero por incumplimiento del régimen de visitas, obviando la causa penal abierta por presuntos delitos contra la niña. Según la defensa, esta fue la razón por la que la madre impidió los encuentros con el padre hasta que se esclarecieran los hechos.
Posteriormente, la letrada argumenta que la vía penal se vio “contaminada” por la resolución civil, ya que el archivo de la causa se adoptó sin practicar diligencias para esclarecer si las manifestaciones de la menor y el rechazo hacia la figura paterna guardaban relación con conductas del progenitor.
Partes médicos y evaluaciones
Durante la investigación penal, se registraron tres partes médicos de urgencias emitidos por facultativos del Servicio Andaluz de Salud entre mayo y julio de 2025. Estos informes describen lesiones en cuello, extremidades y zona genital, y recogen manifestaciones espontáneas de la menor identificando al padre como autor.
Además, informes técnicos elaborados por profesionales especializados en atención a menores alertaban del rechazo de la niña hacia la figura paterna y proponían una exploración judicial anticipada para evitar su revictimización.
Un informe psicosocial de 2022 del Juzgado de Familia recomendaba atribuir la custodia monoparental a la madre, señalando dificultades en el ejercicio parental por parte del padre, describiéndolo con “desfase madurativo”, inestabilidad emocional y tendencia a descalificar a la madre.
El auto de archivo de la causa penal se fundamenta en que no se objetivaron lesiones propias de agresión sexual.
Archivo “prematuro” según la defensa
La jueza considera que la “clara conflictividad” entre los progenitores obliga a extremar la cautela en la valoración de las manifestaciones. Descarta someter a la menor a nuevas evaluaciones, considerando que podría ser perjudicial.
La defensa de la madre insiste en que el archivo se adoptó de manera “prematura” y sin agotar diligencias esenciales, negando que la actuación de la progenitora pueda interpretarse como instrumentalización del proceso penal.
El recurso cuestiona la valoración del informe forense y solicita una segunda pericial, recordando que la inexistencia de lesiones externas no excluye la comisión de abusos sexuales. Se reprocha que se haya prescindido de la prueba preconstituida y del informe integral previo recomendados por ADIMA.
La causa penal está pendiente de la resolución del recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial de Sevilla, mientras que la resolución del Juzgado de Familia que ordena el cambio de custodia permanece en vigor.
