
'Se Acabó la Fiesta' de Alvise se presenta en Castilla y León con ex de Vox
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El partido político ‘Se Acabó la Fiesta’ (SALF), liderado por el eurodiputado Luis Pérez Fernández ‘Alvise’, ha confirmado su participación en las próximas elecciones de Castilla y León.
Candidata principal y exprocuradores de Vox
La abogada burgalesa Lucía Echevarrieta será la candidata a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por SALF. Echevarrieta, además de abogada, es empresaria y diputada quinta del Colegio de Abogados de Burgos.
Además, SALF integrará a dos exprocuradores de Vox que fueron expulsados del grupo en las Cortes de Castilla y León: Javier Teira y Ana Rosa Hernando.
Integración de Avanza en Libertad
Javier Teira, presidente de Avanza en Libertad (una escisión de Vox), ha anunciado que su asociación se integrará en la candidatura de SALF, destacando que es la “única fuerza política que asume la aplicación del programa político que la entidad defiende”. Teira encabezará la lista por Salamanca.
Según Teira, es crucial contar con fuerzas políticas en las Cortes de Castilla y León que defiendan los intereses de la región, más allá de “tacticismos políticos”. Ana Rosa Hernando también formará parte de la lista por Burgos, encabezada por Echevarrieta.
Avanza en Libertad ha indicado que su integración en SALF se debe a que Alvise ha incorporado sus propuestas.
Antecedentes electorales de SALF
Tras obtener 17.000 votos en Aragón y rozar un escaño en Zaragoza, el partido de Alvise busca irrumpir en la política de Castilla y León, donde el porcentaje de votos necesario para obtener un procurador es más elevado.
En las elecciones europeas de 2023, las únicas en las que ha participado hasta la fecha, SALF se posicionó como la cuarta fuerza política en Castilla y León, con un 4,03% de los votos (42.791 apoyos), después de PP, PSOE y Vox. Sus mejores resultados se registraron en Valladolid (4,52%), Segovia (4,39%), Ávila (4,19%) y León (4,02%).
Para obtener representación en las Cortes, SALF deberá aumentar su apoyo, ya que la distribución de procuradores por provincia generalmente requiere superar el 5% de los votos.