TENSIÓN EN EL GOBIERNO POR LA LEY DE VIOLENCIA VICARIA: NEGOCIACIONES PARA EVITAR UN ARMA DE DOBLE FILO
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El Gobierno español ha pospuesto la aprobación de la ley contra la violencia vicaria, prevista inicialmente para este martes en el Consejo de Ministros, debido a desacuerdos internos. El Ministerio de Juventud e Infancia, liderado por Sumar, se desmarcó de la propuesta la semana pasada, sumándose a las diferencias ya existentes entre los ministerios de Igualdad y Justicia, ambos del PSOE.
El objetivo de la ley es regular específicamente la violencia vicaria, definida como una forma de violencia de género en la que el agresor utiliza a los hijos o personas cercanas a la víctima para causarle el mayor daño posible. La propuesta incluye la incorporación de un nuevo delito al Código Penal y la posibilidad de que los jueces impidan la difusión de información sobre el crimen por parte de los condenados.
DESACUERDOS CLAVE
Las discrepancias se centran en tres puntos principales: la forma en que la ley tipifica la violencia vicaria en el Código Penal, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados, y la regulación de los regímenes de visitas en casos de violencia de género o indicios de la misma. El Ministerio de Juventud e Infancia considera que sus observaciones no han sido tomadas en cuenta, aunque los tres departamentos se muestran abiertos al diálogo.
Igualdad y Justicia han indicado que están analizando los informes y aportaciones recibidas al anteproyecto, buscando una redacción jurídicamente impecable que ofrezca la máxima protección a las víctimas, tanto madres como menores.
EL NUEVO DELITO EN DEBATE
La Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género ha expresado su preocupación por la redacción actual de la ley, especialmente en lo que respecta a la nueva figura delictiva que tipifica la violencia vicaria como delito contra la integridad moral. La norma castiga a quien, para causar daño o sufrimiento a su pareja o expareja, cometa delitos contra sus hijos u otros familiares, estableciendo un tipo genérico y otro agravado en el caso de que la víctima sea una mujer.
La Coordinadora considera que esta vía crea un “delito neutro” que contradice el concepto de violencia vicaria y las necesidades reales del fenómeno, definido como “el gran agujero negro” de la violencia machista. Existe el temor de que el delito se convierta en una “nueva puerta de entrada” del falso Síndrome de Alienación Parental, permitiendo que hombres acusados de violencia de género se victimicen denunciando a las mujeres por “instrumentalizar a los hijos para causarles daño”.
El Ministerio de Juventud e Infancia comparte este riesgo, señalando que la tipificación puede generar “inseguridad jurídica a las madres protectoras”, refiriéndose a casos de mujeres que denuncian violencia o abusos y se enfrentan a un sistema que se vuelve en su contra.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado que el tipo genérico de violencia vicaria se incorporó en el anteproyecto para evitar discriminaciones y respetar el artículo 14 de la Constitución.
Expertas coinciden en la importancia de regular la violencia vicaria, pero desconfían de la vía penal como la más adecuada, sugiriendo que aumentar las penas no es la solución y apostando por incluir un agravante específico por violencia vicaria de género, circunscrita solo a las mujeres.
RÉGIMEN DE VISITAS: UN PUNTO CRÍTICO
Los regímenes de visitas también son un punto central en las negociaciones. El Ministerio de Juventud e Infancia aboga por restringirlos al máximo, sin excepciones. El Código Civil establece que no se establecerá un régimen de visitas en casos de hombres inmersos en procesos de violencia de género o cuando existan “indicios fundados”, salvo que el juez lo motive por el interés superior del menor.
Asociaciones como la Asociación de Juristas Themis insisten en eliminar la excepcionalidad de mantener visitas, considerando que la situación objetiva de riesgo existe desde el momento en que el padre está incurso en un proceso penal o hay indicios. Themis también reclama que la norma incorpore a las mascotas como miembros de la familia que pueden ser instrumentalizados para ejercer violencia.
El anteproyecto reconoce que existen “lagunas” que posibilitan el mantenimiento de las visitas, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de los menores. Propone añadir al Código Civil que, antes de decidir sobre las visitas, el juez debe escuchar a los niños, y si no es posible, conocer su opinión a través de terceros.
El Ministerio de Juventud e Infancia considera que el texto no garantiza el derecho de los niños a ser escuchados en todos los procesos que les afecten, un aspecto que pretende incluir en la reforma de la Ley de protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia.
La versión final de la ley aún está por definirse.
