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La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (AGRYGA) ha manifestado su profundo descontento ante los nuevos contratos para el tomate, denunciando que las industrias privadas han fijado un precio de 107 euros por tonelada, considerado insuficiente y perjudicial para la viabilidad económica de las familias productoras.

Precios por debajo de los costes de producción

AGRYGA denuncia el presunto incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, argumentando que el precio establecido se sitúa por debajo de los costes de producción. Según datos del observatorio de precios de la Junta de Extremadura, el coste medio de producción alcanza los 114 euros por tonelada, cifra necesaria para cubrir los gastos básicos.

Riesgo de ruina para el sector

La organización agraria advierte sobre la vulnerabilidad del cultivo del tomate ante las condiciones climáticas adversas.

En este sentido, alertan de que una mala cosecha por segundo año consecutivo podría significar la ruina para muchos agricultores, tras las pérdidas significativas sufridas en 2023.

Acusaciones a las transformadoras

Los agricultores acusan a las empresas transformadoras de aprovecharse de su situación de “debilidad y angustia”. Señalan que estas industrias prefieren evitar riesgos y optan por cultivar trigo en sus propias explotaciones, dejando que el agricultor asuma el riesgo del cultivo de tomate a precios bajos.

Esta situación, según AGRYGA, podría marcar “el comienzo del fin del cultivo del tomate en Extremadura”.

Propuesta de solución: Participación en los beneficios

AGRYGA propone que las industrias privadas sigan el ejemplo de las cooperativas, haciendo partícipes a sus agricultores de los beneficios finales mediante un sistema de “rapel” o sobreprecio. El objetivo es lograr un equilibrio que evite que las ganancias de las industrias se obtengan a expensas de la ruina de las familias productoras.