Vendido por una quinta parte de su valor el barco que el PP compró para la Diputación de Toledo
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Más de una década después, el barco que el entonces presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García Tizón (PP), mandó construir en 2014 para navegar por el río Uso, afluente del Tajo, y facilitar visitas turísticas al yacimiento islámico de ‘Ciudad de Vascos’, ha sido vendido tras once subastas fallidas.
La Diputación de Toledo ha confirmado la venta a la empresa que lo fabricó, Astilleros Gondan, por 68.500 euros, una quinta parte de su costo original de 344.850 euros. El barco monocasco, fabricado en fibra de vidrio, tiene 14,75 metros de eslora y capacidad para 60 pasajeros.
Astilleros Gondan completó la compra, según la Diputación, los permisos de navegabilidad eran favorables en 2015, cuando el barco estuvo listo, y el objetivo era “valorizar el yacimiento arqueológico y dinamizar la zona, tanto económica como culturalmente”.
La Diputación niega que la falta de permisos impidiera la puesta en marcha del proyecto, mencionando la “Autorización para la instalación de Campos de Boyas”, emitida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en mayo de 2014. También destaca la inversión de 300.000 euros de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en la construcción de embarcaderos en el embalse de Azután.
El PSOE rechazó el proyecto al llegar al Gobierno provincial
En noviembre de 2017, el gobierno socialista de la Diputación, presidido por Álvaro Gutiérrez, calificó el proyecto como “inviable” y “rocambolesco”, decidiendo poner el barco a la venta e incluso amenazando con denunciar “irregularidades” a las autoridades judiciales.
El actual equipo de Gobierno, liderado por Concepción Cedillo, responsabiliza al gobierno socialista de Álvaro Gutiérrez de haber abandonado el proyecto.
“Como consecuencia de ya no resultar útil el barco para los fines para los que se adquirió, se iniciaron 11 subastas concatenadas desde diciembre de 2017 hasta junio de 2023 que resultaron desiertas”, explica la Diputación, argumentando que “esta actuación de subastas encadenadas, la falta de mantenimiento e interés por el bien, y el uso del mismo como arma arrojadiza, produjo el deterioro del bien patrimonial”.
La administración actual no descarta impulsar nuevos proyectos para revitalizar la zona, criticando la “dejadez de la anterior Corporación”.
La operación ha supuesto la pérdida de al menos 276.350 euros de fondos públicos, sin contar los más de 4.000 euros anuales pagados al puerto de Ribadeo (Lugo) por el amarre del barco.
