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Viviendas de Protección Oficial en España: Entre Escándalos y Necesidades Crecientes
El acceso a la vivienda se ha convertido en un desafío cada vez mayor en España, especialmente para los hogares con ingresos medios y bajos. En este contexto, las Viviendas de Protección Oficial (VPO) deberían jugar un papel crucial, pero su escasez y algunas polémicas recientes han puesto de manifiesto las grietas del sistema.
¿Qué son las VPO?
La normativa estatal define la VPO como aquella destinada a ser la residencia habitual de personas con dificultades para acceder al mercado de la vivienda. Existen dos tipos: la social, de titularidad pública y destinada al alquiler o cesión temporal, y la de precio limitado, de titularidad pública o privada, destinada a satisfacer la necesidad de vivienda permanente.
Son las comunidades autónomas las encargadas de definir sus propias VPO, establecer los precios máximos por metro cuadrado (módulos) y los requisitos de acceso. Algunos requisitos son generales, como no tener otra vivienda en propiedad, destinarla a residencia habitual, estar inscrito en un registro y estar empadronado o tener vinculación con el territorio.
Límites de Renta y Acceso
Para los límites de renta, las comunidades autónomas aplican el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En 2026, este es de 8.400 euros anuales, al que se le aplican multiplicadores y coeficientes. En general, los topes de renta van desde los 21.000 euros para las de régimen especial hasta los más de 40.000 para las de precio limitado por unidad familiar estándar.
Algunas comunidades autónomas, como Madrid, Cataluña, Navarra, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, elevan el tope de renta por encima de los 50.000 y 60.000 euros.
¿VPO para las Clases Medias?
El aumento de los límites de renta para acceder a las VPO ha generado debate. Algunos expertos señalan que esto responde a la necesidad de ajustar los requisitos al alto precio de la vivienda, mientras que otros critican que se esté orientando cada vez más a hogares de ingresos más elevados.
Históricamente, las VPO estaban destinadas a una parte muy amplia de la población trabajadora. Sin embargo, la reducción drástica en la creación de VPO y el enfoque en la población de menos recursos han relegado a estas viviendas a un papel residual.
Polémicas y Escándalos
La producción y adjudicación de VPO no han estado exentas de polémicas. Desde promociones con viviendas a precios elevados hasta escándalos relacionados con cooperativas de vivienda, como el caso de la cooperativa Promoción Social de Viviendas (PSV), que dejó a miles de familias sin dinero ni casa.
Recientemente, el Ayuntamiento de Alicante se ha visto envuelto en un escándalo tras la adjudicación de viviendas de este tipo a cargos públicos, lo que ha puesto de relieve la necesidad de mecanismos para garantizar que estas casas cumplan la función social para la que fueron concebidas.
Garantizar la Transparencia
Para garantizar la limpieza en el proceso de adjudicaciones, existen procedimientos que establecen requisitos que deben acreditarse y verificarse. Si se detectan irregularidades, deben ponerse en conocimiento de la Administración, que deberá corregirlas o, incluso, acudir a la vía penal.
El Debate sobre la Protección Permanente
Un aspecto clave es el tiempo que las viviendas deben mantener su calificación de protegidas. El Ministerio de Vivienda trabaja en un nuevo Plan Estatal bajo la premisa de que toda vivienda construida con recursos públicos esté blindada para siempre. Sin embargo, algunas comunidades autónomas han establecido plazos máximos de protección.
Desde la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) consideran admisible que el carácter protegido de la vivienda sea permanente en caso de que haya ayudas públicas. La codirectora de Provivienda coincide en que el problema es que muchas casas acabaron desprotegiéndose o vendiéndose de forma irregular.
La Escasa Producción Actual
Entre 1991 y 2011, se construyeron más de un millón y medio de VPO en España. Sin embargo, la producción actual es mínima, lo que estrecha el cerco sobre las familias de menos ingresos y ha impactado en los precios.
El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera a partir de 2008 frenaron la construcción de VPO. Actualmente, los promotores señalan dos causas del parón: el precio de los módulos y la falta de suelo desarrollado para VPO.
En los últimos años, la mayoría de comunidades han ido actualizando las tablas que determinan el precio al que se puede vender una vivienda protegida, pero los costes de construcción han subido a un ritmo mayor.
