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Viviendas Protegidas en Alicante: Alquileres Irregulares y Denuncias de Especulación
La promoción de viviendas protegidas tiene como objetivo principal evitar la especulación inmobiliaria, impidiendo que se utilicen como un bien para obtener ganancias mediante la venta o el alquiler. Sin embargo, la polémica promoción de 140 viviendas de protección oficial (VPO) en la playa de San Juan, Alicante, ha estado rodeada de controversias desde la validación de los adjudicatarios.
Alquileres Irregulares Detectados
El pasado mes de agosto, varios pisos de este complejo residencial, promovido por una cooperativa que compró los terrenos al Ayuntamiento por 6,6 millones de euros, aparecieron en el mercado de alquiler. Uno de estos pisos se publicitó en Idealista por 1.600 euros al mes, aunque el anuncio desapareció poco después, posiblemente debido a su alquiler o a la detección de la irregularidad.
La normativa autonómica exige que los adjudicatarios de una vivienda pública en régimen de compraventa se empadronen y la destinen a residencia habitual. En el caso de los alquileres, el precio está regulado para evitar la especulación.
Compromís Denuncia Posible Trama Criminal
El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha instado al alcalde del PP, Luis Barcala, a que la Policía Local investigue la situación, ya que han constatado que numerosos domicilios “de lujo” se ofrecen en alquiler en portales especializados por precios elevados. Mas asegura que hay personas viviendo en el residencial sin estar empadronadas y adjudicatarios que residen en el extranjero, incumpliendo la normativa.
Compromís califica la situación como una “trama criminal” y exige explicaciones al alcalde, solicitando un pleno extraordinario para abordar el asunto. Mas ha afirmado que el alcalde “no está haciendo absolutamente nada porque obviamente es el presunto cabecilla de esta trama criminal organizada”.
Informe Municipal Advirtió Sobre Irregularidades
El Ayuntamiento ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que investigue los hechos. La denuncia incluye un informe del área de Patrimonio que advierte de posibles “conflictos de interés” en la adjudicación de las viviendas en la Playa de San Juan.
El informe señala que, tras la construcción de las viviendas de La Condomina ‘Les Naus’, el Servicio de Gestión Patrimonial municipal constató que entre los compradores adjudicatarios había personas con relaciones de parentesco o vínculos con empleados o cargos del Ayuntamiento que participaron en fases relevantes del expediente.
El informe también señala un “posible incumplimiento de las condiciones legales de acceso a las VPP construidas”, ya sea por no cumplirlas directamente o por haber falseado u omitido información, ya que “la mera condición, nivel y categoría de los adquirentes harían previsiblemente imposible la compatibilidad con los requisitos de capacidad económica exigibles”.
