El Gobierno de Asturias ha decidido llevar la prórroga del peaje de la Autopista del Huerna ante la justicia. En un plazo de dos meses, el ejecutivo regional presentará un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo para anular la extensión de la concesión hasta 2050, un proceso que el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, se ha negado a anular.

La decisión del Ministerio de inadmitir la solicitud de nulidad “sin entrar en el fondo del asunto” ha sido calificada por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, como “jurídicamente insuficiente y políticamente insatisfactoria”.

Calvo ha criticado que el Gobierno central se escude en el tiempo transcurrido desde la prórroga, aprobada en el año 2000, para evitar pronunciarse sobre la legalidad de una medida que choca con la normativa europea y española.

Pese a la profunda decepción mostrada por el consejero, este ha asegurado que el Principado estaba “preparado” para esta respuesta. De hecho, ya tiene avanzado el recurso que presentará ante el Supremo para que el alto tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto.

El Gobierno asturiano defiende que la prórroga fue una modificación sustancial del contrato y que debió haber salido a nueva licitación pública.

Según Calvo, esta situación ha perjudicado el desarrollo económico de la región desde 2021 -año en el que el peaje debería haber sido eliminado-, y la demanda de supresión recoge un clamor “amplio, transversal y sostenido” de la sociedad asturiana.

Calvo ha tachado de profundamente irresponsable la actitud del Ministerio por usar un argumento “débil e inconsistente” para ganar tiempo, en lugar de solucionar “una situación provocada por un gobierno del PP que un gobierno del PSOE tenía la oportunidad de solucionar”. El Principado, que mantiene contactos con la Comisión Europea, donde su demanda ha encontrado absoluta comprensión y respeto, sigue adelante con su ofensiva.

De forma paralela a la vía judicial, el ejecutivo asturiano ha remitido requerimientos formales tanto al Ministerio como a Aucalsa, la empresa concesionaria.

En ellos exige que se adecúe el precio del peaje a las condiciones actuales de la AP-66, que sufre afecciones desde hace año y medio, en más del 60% de su trazado.

Concretamente, se pide la revisión del régimen tarifario, la suspensión temporal del peaje o, en su defecto, que se apliquen reducciones y compensaciones a los usuarios hasta que se restablezcan las condiciones óptimas del servicio en la autopista.