Nuevo capítulo en la lucha de Carmen por el reconocimiento de su discapacidad
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Carmen Calderón, una mujer de Sevilla, continúa su batalla legal con la Seguridad Social tras sufrir un accidente quirúrgico que le causó una pérdida significativa de visión hace cinco años. A pesar de diversos informes médicos que constatan su ceguera legal, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) inicialmente le negó el grado de incapacidad permanente, obligándola a reincorporarse a su puesto de trabajo.
Sin embargo, en un giro reciente, la Junta de Andalucía ha certificado que Carmen posee un 70% de grado de discapacidad. Además, ha sido admitida por la Fundación ONCE, reconociendo las dificultades que enfrenta para desarrollar su vida diaria y, por supuesto, su trabajo.
Un daño irreversible y una batalla legal persistente
Carmen reside actualmente en Chiclana de la Frontera y ha tomado conciencia de su estado de dependencia debido al leucoma corneal cicatricial central y paracentral que afecta a sus ojos. Esta condición ha provocado un daño irreversible en el tejido que cubre el iris y la pupila, causándole fotofobia aguda, impidiéndole conducir o realizar esfuerzos visuales como usar el ordenador o trabajar en una oficina.
Estos problemas están documentados en informes médicos periciales que datan de 2020 a 2025, los cuales detallan hasta diez enfermedades provocadas por el desinfectante que cayó sobre sus ojos durante la operación. A pesar de ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha mantenido una batalla legal contra ella durante seis años.
En febrero de 2025, un juzgado de Sevilla falló a favor de Carmen, reconociéndole una incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio. Sin embargo, el TSJA revocó esta decisión en octubre, ignorando los informes médicos presentados y eximiendo al INSS de pagar su prestación económica por baja permanente. Esta decisión motivó a Carmen a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero la ansiedad y la angustia la mantienen en vilo ante la posibilidad de que le revoquen su última baja.
El informe de la Junta de Andalucía y la intervención de la mutua
Apenas seis meses después de la decisión del TSJA, la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía emitió una resolución el pasado 7 de abril reconociendo el grado de discapacidad de Carmen en un 70%. Esta evaluación, que será revisada en tres años, respalda los informes médicos que constatan la pérdida progresiva e irremediable de visión. Durante este tiempo, Carmen no solo ha luchado contra la administración del Estado, sino también contra la mala praxis del seguro privado en el que había depositado su confianza.
Tras el fallo del TSJA, Carmen solicitó una baja por trastorno ansioso-depresivo. La mutua intervino ofreciéndole cuatro sesiones terapéuticas, que ella aceptó creyendo que serían un apoyo adicional. Sin embargo, Carmen recuerda la última sesión con la psicóloga de la mutua como especialmente dolorosa, ya que la ONCE le había comunicado su admisión como afiliada permanente, reconociendo su agudeza visual de 0,020 en el ojo derecho y 0,100 en el ojo izquierdo, confirmando su ceguera legal.
A pesar de ello, la psicóloga de la mutua consideró que Carmen estaba lista para reincorporarse a la vida laboral, una valoración que no fue comunicada a la paciente. Poco después, Carmen recibió un SMS notificando su alta laboral, lo que generó dudas sobre el criterio utilizado por Inspección Médica para tomar esta decisión.
“Esto es una agonía”
Carmen ha presentado una reclamación a la psicóloga de la mutua y al Colegio de Psicólogos de Valencia. Incapaz de volver a su puesto de trabajo, solicitó una nueva baja médica por sus problemas de visión, la cual fue concedida el 25 de marzo. “Tenía hasta tres ataques de ansiedad al día y no podía dormir”, afirma Carmen, quien planea enviar un nuevo escrito al Defensor del Pueblo para informar sobre la actuación de la mutua. En un primer momento, el Defensor del Pueblo le notificó que no puede interferir en los procedimientos judiciales.
Carmen, asesorada en todo momento, hace referencia a las palabras de su abogado, quien ha llevado su caso con asombro. “Me dice que es la primera vez que se ha encontrado algo tan difícil a nivel administrativo cuando está todo tan claro, que no entiende por qué lo están enredando de esta manera”. Un informe clínico de la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir ratifica que la agudeza visual de Carmen es del 0,020 en el ojo derecho y de 0,100 en el ojo izquierdo.
