NUEVA LEY ENDURECE LA PERSECUCIÓN DEL "PETAQUEO" Y LA FISCALÍA ANTIDROGA CELEBRA
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La Fiscalía Antidroga ha recibido con beneplácito la reciente reforma legal que busca intensificar la persecución del llamado “petaqueo”, una práctica común en el entorno del narcotráfico en el sur de España. Según la Fiscalía, esta nueva normativa proporcionará herramientas más eficaces para combatir esta actividad.
Nueva Normativa Refuerza la Lucha Contra el Transporte Ilegal de Gasolina
Ana Villagómez, fiscal delegada Antidroga en Cádiz y Andalucía, ha elogiado la modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que introduce sanciones específicas para el transporte, almacenamiento y suministro ilegal de combustible, presuntamente destinado a embarcaciones utilizadas en el narcotráfico.
Villagómez ha afirmado que esta reforma “cumple las expectativas” de la Fiscalía, al permitir sancionar esta conducta de forma independiente, sin necesidad de demostrar que el combustible estaba directamente relacionado con una operación de tráfico de drogas. Esta era una de las mayores dificultades para perseguir penalmente el “petaqueo”.
Anteriormente, las intervenciones policiales se encontraban con vehículos o embarcaciones cargadas de gasolina en circunstancias sospechosas, pero sin pruebas directas de que el combustible se utilizara para abastecer narcolanchas. Esto dificultaba la imputación de delitos graves relacionados con el narcotráfico o el contrabando.
Ahora, la simple posesión o transporte de combustible líquido en condiciones que generen un riesgo para la seguridad ciudadana puede ser perseguida penalmente, sin necesidad de acreditar su conexión con otras actividades ilícitas.
La Fiscalía considera que este cambio mejora sustancialmente la lucha contra las redes logísticas que sustentan el narcotráfico en la costa andaluza.
El Cambio Legislativo Consolida la Interpretación de la Fiscalía
Villagómez ha recordado que la Fiscalía llevaba tiempo intentando encajar jurídicamente estas conductas dentro del artículo 568 del Código Penal, que castiga la tenencia y transporte de sustancias peligrosas, explosivos o materiales inflamables. Sin embargo, la interpretación de jueces y tribunales era variable, generando resoluciones dispares.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía respaldó el criterio de la Fiscalía, considerando la gasolina como una sustancia inflamable susceptible de encajar en ese precepto penal. La nueva ley consolida esta interpretación, añadiendo un apartado específico para contemplar el combustible líquido dentro del tipo penal, aportando mayor seguridad jurídica para futuras actuaciones judiciales.
Actualmente, según datos de Villagómez, existen entre 80 y 90 procedimientos abiertos en la provincia de Cádiz relacionados con este tipo de delito, lo que refleja la magnitud del fenómeno dentro de la logística del narcotráfico.
Aunque las Penas Cambian, la Fiscalía Valora el Avance Jurídico
La reforma también modifica las penas aplicables. Anteriormente, la Fiscalía recurría al artículo 568 con penas de entre cuatro y ocho años de prisión por transporte de sustancias peligrosas.
El nuevo apartado específico establece condenas de entre tres y cinco años para quienes transporten, almacenen o suministren combustible líquido en estas circunstancias.
Aunque esto implica una reducción en la pena máxima, la Fiscalía considera que la principal ventaja radica en la claridad jurídica y la facilidad para perseguir estas conductas. **El reconocimiento expreso del “petaqueo” como delito autónomo permite actuar de manera más directa frente a una práctica que antes se encontraba en un vacío interpretativo.**
La fiscal ha insistido en que muchas investigaciones no logran avanzar porque los implicados son interceptados antes de contactar con las narcolanchas o antes del transporte de droga. En esos casos, sin pruebas concluyentes, la acusación se debilitaba. Por ello, la nueva regulación es un instrumento clave para combatir una actividad fundamental para las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
La Fiscalía considera que poder sancionar el abastecimiento de combustible de forma aislada es un paso decisivo para debilitar la estructura logística que sustenta estas operaciones en el litoral andaluz.
