FISCALÍA PIDE INVESTIGAR AL ALCALDE DE MÓSTOLES POR ACOSO SEXUAL
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
La Fiscalía de la Sección de Violencia contra la Mujer ha solicitado al juzgado que se inicie una investigación contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (del Partido Popular), a raíz de la querella presentada por una exconcejala del mismo municipio. La denuncia incluye acusaciones de acoso sexual, acoso laboral, atentado contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.
La Fiscalía insta a que se dé un “impulso procesal” al caso, que hasta el momento no ha avanzado significativamente, y que se dicte una resolución para abrir formalmente la investigación, permitiendo así al Ministerio Fiscal informar al respecto.
La querella, según ha trascendido, se dirige tanto contra el alcalde como contra el Partido Popular. En febrero se hizo público que la exconcejala había presentado la denuncia en los juzgados, tras haber solicitado ayuda a la cúpula del partido en la región debido al supuesto acoso laboral y sexual sufrido en 2024.
Complejidad técnica del caso
El abogado director del caso, Antonio Suárez-Valdés, ha señalado la “alta complejidad técnica” del procedimiento, debido a que parte de los hechos ocurrieron en la intimidad de la víctima y su presunto acosador, y a la eliminación de los correos electrónicos oficiales de la denunciante.
Denuncia interna y falta de respuesta del PP
La concejala de Móstoles denunció internamente el supuesto acoso sexual que, según su testimonio, se transformó en acoso laboral tras su negativa a ceder a las peticiones del alcalde.
La denunciante se reunió en varias ocasiones con dirigentes del PP de Madrid para exponer su situación, pero no fue recibida por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, Ayuso sí se reunió con el alcalde pocos días después de recibir la solicitud de ayuda de la víctima. El PP de Madrid no activó los protocolos internos ni abrió ningún expediente al respecto.
En una de las reuniones con responsables del PP de Madrid, la concejala denunciante fue amenazada con acciones legales.
