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La Junta de Castilla y León ha anunciado que en los próximos días presentará un recurso contra el real decreto de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno de España. Con esta acción, se une a las otras cinco comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que ya han iniciado acciones legales contra la medida.

El ejecutivo autonómico considera que el decreto supone un “impacto grave” para los intereses de la Comunidad y que es “contrario” a la normativa europea sobre control de fronteras y libre circulación de personas.

Críticas a la falta de diálogo y control parlamentario

Carlos Fernández Carriedo, consejero portavoz en funciones, ha criticado duramente la falta de consulta con las comunidades autónomas en la elaboración de este real decreto.

“Ha sido aprobado sin diálogo con los ayuntamientos o las comunidades autónomas, que tienen mucho que opinar”, declaró Carriedo, quien también lamentó la ausencia de “control parlamentario” en el proceso.

Dudas sobre la acreditación de permanencia en España

El Gobierno de Castilla y León también cuestiona el mecanismo establecido para acreditar la permanencia en España antes del 1 de enero de este año. Según Fernández Carriedo, no se garantiza de forma “correcta” el cumplimiento de los requisitos y criticó que se pueda acceder a la regularización presentando un billete de metro o un ticket de transporte público.

Defensa de una “inmigración ordenada”

Frente a la medida del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Fernández Carriedo defendió el modelo de “inmigración ordenada” que, según él, promueve la Junta, vinculada al empleo como vía para la integración económica y social.

“Son bienvenidos aquellos que lleguen a la Comunidad para trabajar y contribuir al desarrollo de esta tierra”, afirmó.

El consejero reconoció que las empresas de la región buscan personal sin éxito, pero matizó que la regularización no garantiza que los perfiles de los beneficiarios se ajusten a las necesidades del mercado laboral. En este sentido, destacó que Castilla y León acaba de alcanzar un “récord” de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, con más de 101.000, y un ritmo de crecimiento superior a la media nacional.

Según su opinión, “el Gobierno ha creado un problema donde no lo hay” en lugar de optar por la integración a través de un contrato de trabajo.

Análisis jurídico y posibles acciones cautelares

Los servicios jurídicos de la Junta están analizando actualmente a qué tribunal dirigirse, si al Tribunal Supremo o al Constitucional, y si solicitarán la suspensión cautelar del proceso.

De acuerdo con estimaciones sindicales, entre 25.000 y 30.000 personas podrían ser regularizadas en Castilla y León.