Escrivá ofrece acceso restringido al Congreso a los beneficios bancarios por depósitos en el Banco de España tras fallo del Supremo
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La sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Banco de España a revelar a los diputados de Sumar la información sobre las ganancias de las entidades financieras por depositar su liquidez en el Eurosistema no ha resuelto la controversia entre los diputados y el supervisor financiero.
El Banco de España, liderado por José Luis Escrivá, ha ofrecido al Congreso un acceso reservado a estas cifras, correspondientes a los años 2022 y 2023, alegando que con ello cumplen el mandato judicial. Sin embargo, Sumar acusa al Banco de España de “obstruir” la resolución y considera iniciar un procedimiento por incumplimiento.
Origen del conflicto
El conflicto se remonta a 2023, cuando tres diputados de Sumar llevaron al Banco de España a los tribunales por negarse a desglosar por entidades financieras los intereses abonados por la facilidad de depósito, una herramienta de política monetaria que permite a la banca ingresar su exceso de liquidez en una cuenta del Eurosistema, que les remunera con un interés.
A principios del mes pasado, el Tribunal Supremo falló a favor del acceso a la información por parte de los diputados, argumentando que “no son particulares, sino representantes del pueblo español que ejercen una función esencial de control político”. No obstante, también confirmó el carácter reservado de la información, ya que afecta a datos del negocio de las entidades, argumento que la institución esgrimía para no hacer públicos los datos.
Acceso a la información restringido
El supervisor ha optado por cumplir la sentencia enviando una carta a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la que pone a disposición de los diputados una sala de lectura con la información desglosada por entidades bancarias sobre lo que han recibido por depositar su dinero en el Eurosistema, un privilegio exclusivo para la banca.
Fuentes del Banco de España afirman que, tras conversaciones técnicas con los letrados del Supremo, creen que de esta manera cumplen con el mandato judicial de poner la información a disposición de los diputados, quienes podrán acceder a ella, pero no fotografiar o fotocopiar los documentos, ni publicarlos.
Sumar ha manifestado su descontento ante lo que consideran un comportamiento “obstruccionista” y “oscurantista” por parte del supervisor. Carlos Martín, portavoz económico de Sumar, critica que, en lugar de remitir la información, se pretenda limitar su acceso a una mera exhibición, obligándoles a acudir a la sede del Banco de España para consultar los datos en una sala y tomar notas.
Sumar exige el cumplimiento íntegro de la sentencia
Sumar insiste en que el fallo del Tribunal Supremo señala que la ley solo contempla una posible salvaguardia: que el Gobernador del Banco de España solicite que la información –que, en todo caso, debe entregar– no sea examinada en sesión abierta y pública.
El diputado Martín subraya que el objetivo de Sumar es “ir hasta el final” y que iniciarán ante el Supremo un procedimiento de incumplimiento de sentencia cuando transcurran dos meses desde la notificación de la misma. Además, temen tener que recurrir nuevamente a la vía judicial para obtener los datos correspondientes a 2024 y 2025.
Más de 20.000 millones en intereses para la banca
Según los últimos datos de 2025, publicados recientemente en las cuentas anuales del supervisor, el Banco de España abonó algo más de 4.400 millones de euros a la banca comercial, con un interés medio del 2,26%. En total, en los tres últimos años desde que el Banco Central Europeo comenzó el proceso de endurecimiento de la política monetaria, la banca ha recibido unos 20.000 millones de euros.
Sumar considera que esta información “no debería ser reservada”, ya que los datos de las subvenciones que recibe cualquier empresa son públicos, pero con la banca se hace una excepción.
