La Audiencia Nacional investiga la detención de un sargento español en Líbano y apunta a Netanyahu
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La Audiencia Nacional ha iniciado una investigación tras la denuncia presentada por el partido político Iustitia Europa contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la detención de un sargento del Ejército español en Líbano. El juez instructor Antonio Piña ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos y sobre la idoneidad de las diligencias solicitadas, que incluyen la declaración del militar retenido.
Posible infracción penal
“Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, señala el juez en su resolución. Ante la falta de determinación de la naturaleza y circunstancias de los hechos, así como de las personas involucradas, se considera procedente instruir diligencias previas para decidir los siguientes pasos a seguir.
Acusaciones contra Netanyahu y otros mandos israelíes
Iustitia Europa incluye en su denuncia, además de a Netanyahu, al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Herzi Halevi, y a otros mandos y militares israelíes aún por identificar. Se les imputa la comisión de delitos de crímenes contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, detención ilegal y coacciones. Los hechos denunciados ocurrieron el 7 de abril, cuando un sargento del Ejército español, miembro de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), fue presuntamente detenido ilegalmente por fuerzas israelíes durante aproximadamente una hora.
Detalles de la detención
La denuncia detalla que el personal español operaba bajo la protección de la Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige el respeto a la seguridad y libertad de movimiento de la FINUL. Se alega que el sargento español fue extraído violentamente de su vehículo, retenido ilegalmente y sometido a violencia física y trato degradante antes de ser liberado tras una intensa presión diplomática.
“Acto hostil con violencia física”
El incidente ha sido calificado por fuentes oficiales como un “acto absolutamente hostil con violencia física”. Se añade que el militar sufrió un traslado forzoso a una localización no autorizada, lo que constituye una privación de libertad y un trato degradante, ejecutado con la intención de amedrentar al contingente de paz.
Patrón de hostigamiento
Se lamenta que la liberación del militar solo se produjo tras una intensa gestión diplomática del Gobierno de España ante las autoridades israelíes. Se argumenta que este no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un patrón de hostigamiento contra patrullas de la FINUL.
Competencia de la Audiencia Nacional
Iustitia Europa sostiene que la Audiencia Nacional es competente para conocer de los hechos, ya que son compatibles con el delito de crímenes de guerra y no consta que se haya iniciado procedimiento alguno en Israel ni en la Corte Penal Internacional. Se alega que los hechos afectan a un ciudadano español y atentan contra los intereses del Estado español en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Responsabilidad penal
La formación indica que la responsabilidad penal debe recaer primariamente en los militares que ejecutaron materialmente la detención, como autores directos de la interceptación del convoy, la coacción para detenerlo, la extracción del militar español y su posterior retención y traslado forzoso. Se subraya la importancia de identificar a estos ejecutores materiales para que respondan individualmente por sus acciones.
Además, se menciona que el Derecho Penal Internacional ha consolidado el principio de responsabilidad del superior para la prevención y sanción de atrocidades. Aunque la jurisdicción penal se centra en la responsabilidad individual, se considera que los actos denunciados conllevan la responsabilidad internacional del Estado de Israel.
Diligencias solicitadas
La denuncia solicita a la Audiencia Nacional que requiera a Interpol y Europol la identificación del personal israelí involucrado en la detención, que recabe los informes elaborados por el CNI y que cite como testigos a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al militar retenido, entre otros. La Fiscalía deberá pronunciarse sobre estas diligencias.
Iustitia Europa ha solicitado personarse como acusación popular en las diligencias para impulsar activamente el procedimiento contra Netanyahu.
