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La problemática del acceso a la vivienda en Valencia y su área metropolitana se agudiza, extendiéndose más allá de la capital. Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia, advierte sobre esta situación crítica, señalando que la presión por la falta de oferta se ha disparado, afectando a todo el cinturón metropolitano.

Precios desorbitados alcanzan municipios colindantes

El análisis de Cos-Gayón revela que el problema ya no se limita a los precios “absolutamente disparatados” en la ciudad de Valencia, sino que el encarecimiento se ha trasladado a municipios cercanos como Godella y Burjassot, donde se encuentran viviendas que superan los 4.000 euros por metro cuadrado. Esto implica que una vivienda de 100 metros cuadrados puede alcanzar los 400.000 euros, una cifra considerada “una locura” por el experto, y que resulta inaccesible para la mayoría de la población, especialmente para los jóvenes que buscan independizarse.

Propuestas para solucionar la crisis

Ante este panorama, Cos-Gayón insiste en la necesidad de actuar sobre el suelo disponible en el área metropolitana, priorizando la construcción de viviendas asequibles en lugar de viviendas de lujo. Critica que el mercado actual se centre en construcciones que son como “Lamborghinis”, mientras que la verdadera necesidad es la producción de vivienda asequible.

“No tenemos vivienda protegida en producción suficiente para que una pareja joven pueda iniciar su vida y emanciparse”, afirma.

La cátedra propone recuperar fórmulas que funcionaron en el pasado, como las de los años 60 y 70, pero aprendiendo de los errores para evitar la creación de “guetos”. Sugiere impulsar viviendas asequibles que no sean exclusivamente en régimen de alquiler, permitiendo a sus ocupantes permanecer en ellas durante un tiempo determinado y luego acceder a otras, lo que actuaría como un elemento regulador del precio en el mercado libre.

Obstáculos para la construcción de vivienda protegida

Uno de los principales obstáculos, según Cos-Gayón, es que a los promotores privados no les resulta rentable construir vivienda protegida. El coste de construcción se sitúa en unos 1.400 euros el metro cuadrado, pero al sumar honorarios, tasas y coste del suelo, la cifra asciende a 2.800 euros. Sin embargo, el precio máximo fijado para el módulo de vivienda protegida es de aproximadamente 1.850 euros por metro cuadrado construido, lo que implica que “no hay margen” y la promoción generaría pérdidas.

A esta inviabilidad económica se suma la “gran incertidumbre” actual y una normativa urbanística que el experto considera anacrónica.

Ciertas exigencias, como cuartos de basuras, de bicicletas o varias plazas de garaje, encarecen el producto final y no se adaptan al crecimiento demográfico que experimenta Valencia, con un aumento de 20.000 habitantes al año.

Falta de coordinación política y consecuencias de la inacción

Cos-Gayón lamenta la falta de acción política coordinada, asegurando que, aunque los informes llegan a las administraciones, falta un plan a largo plazo. Considera necesario que las tres administraciones del Estado se coordinen para desarrollar un “plan a 20 años”, un pacto de Estado sobre vivienda que en España “se ha olvidado”.

El experto advierte sobre las graves consecuencias de la inacción. La imposibilidad de pagar alquileres elevados está empujando a la gente a la exclusión residencial. “Los siguientes informes van a hacer más hincapié en lo que ya hemos detectado y vamos diciendo que son los asentamientos informales, es la gente que vive en la calle”, concluye.