El Sindicato Médico de Canarias (CESM) ha convocado una huelga médica autonómica en el sistema sanitario público ante el bloqueo en las negociaciones con la Consejería de Sanidad. Los paros están previstos para el 30 de abril, coincidiendo con la huelga nacional, y el 4 de mayo, esta última de carácter exclusivamente autonómico contra el Servicio Canario de la Salud (SCS).

Según Eric Álvarez, presidente del sindicato en Las Palmas, aunque las reuniones con la dirección del Servicio Canario de la Salud (SCS) comenzaron en febrero con un “cierto acercamiento”, la situación ha derivado en un punto muerto.

Álvarez denuncia que desde la administración se busca “dar una dilación sobre algo que ya está bastante extendido en el tiempo”, refiriéndose a las propuestas presentadas por el sindicato.

La decisión de convocar la huelga se tomó tras la última reunión del 6 de abril, donde el sindicato planteó sus “líneas rojas” y dio un plazo de una semana para recibir una respuesta. “En ese contexto ha habido un silencio absoluto”, afirma Álvarez, lo que les ha llevado a tomar esta medida de presión al no recibir contestación alguna.

Álvarez insiste en que la huelga “es el último recurso que usamos cuando ya no tenemos otras opciones y alternativas”, y mantiene la esperanza de que la Consejería de Sanidad les convoque para retomar el diálogo y evitar, al menos, la jornada del 4 de mayo.

Una de las reclamaciones más importantes es la regulación de la hora de guardia.

Álvarez subraya que en Canarias la guardia “es la peor pagada de toda España”, llegando a abonarse por debajo del valor de una hora ordinaria de trabajo.

“Es inconcebible realmente que se pague bastante inferior a la hora ordinaria”, recalca el presidente del sindicato. El objetivo final de estas mejoras contractuales, laborales y retributivas es hacer que el Servicio Canario de Salud sea más competitivo y frenar la fuga de profesionales a otras comunidades, a la sanidad privada o incluso a otros países europeos.

Esta situación ha provocado un notable “déficit de médicos” en islas como Fuerteventura, La Gomera y La Palma.

El malestar del colectivo médico también se debe al incumplimiento de acuerdos firmados en 2023 con el anterior gobierno, cuyas partidas económicas, según Álvarez, “están en los presupuestos de Canarias y sin embargo no se han ejecutado”. El sindicato sospecha que la demora es una estrategia para no cumplir lo pactado: “Esta dilación puede ser un mecanismo de tirar balón afuera y no llegar a nada, y ante eso no vamos a mantenernos de forma pasiva”.

El sindicato también ha denunciado la imposición de “servicios mínimos abusivos” por parte de algunas gerencias hospitalarias.

Aunque están de acuerdo con garantizar la atención urgente, han detectado “una interpretación excesiva y restrictiva” de la norma, por lo que han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que investigue estas irregularidades.

Muchas de las reivindicaciones en Canarias coinciden con las que se plantean a nivel nacional en el debate sobre el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. El propio Álvarez señala que “España exporta médicos a otros países europeos”, un problema estructural que agrava la situación en el archipiélago y que se busca combatir mejorando las condiciones laborales de forma global para fortalecer el Sistema Nacional de Salud.