Álex y sus dos hijas se han venido desde A Pobra do Caramiñal hasta la oficina de Correos en Santiago  a echar, no una carta… sino toda la documentación para regularizar por fin su situación en Galicia. Hace tres años que vinieron desde Cuba para buscar una oportunidad en esta localidad coruñesa donde tenían algunos conocidos.  Pidieron protección internacional y esto le permitió a la madre tener permiso de trabajo y conseguir empleo en una conservera. “Fue un poco complicado al principio, porque como no tenía papeles…

pero al pedir asilo, pasados seis meses pude empezar, con tarjeta roja. Ahora la regularización creo que nos ha convenido bastante bien”, dice soriente.

En la carpetilla que trae bajo el brazo viene ese contrato de trabajo que confirma su estancia en España desde mucho antes de los cinco meses previos a enero de 2026 que requiere este proceso. Por ahí, sin problema. Lo más complicado fue tener el certificado de penales para ella y su hija mayor de edad: “es un trámite que allá demora mucho…

menos mal que lo pedí con antelación, por nada, porque no sabía si lo iban a aprobar o no…” Lo pidió en mayo pasado y le llegó en diciembre, así que casi lo tenía para caducar cuando ha sido posible dar el paso hacia la regularización.  

La semana pasada, en cuanto se abrió el plazo para solicitar cita,  Aléx entró en internet y reservó para el primer día en el que empezaban a funcionar presencialmente las oficinas. Igual que Janet, natural de Venezuela y residente en Santiago desde hace algo más de un año. Ella se vino sola, buscando “un mejor futuro” y poder ayudar a sus padres desde aquí. Hasta ahora ha subsistido con trabajos esporádicos “en negro”, pero afronta el proceso con optimismo.

“Desde enero que anunciaron la regularización, me he montado en eso y he recaudado todo con tiempo’, explica emocionada, asegurando que ya cuenta con una propuesta de trabajo a la espera de la resolución.

Su mayor deseo es “empezar a trabajar ya con papeles, con más tranquilidad”. Para ella, esta regularización es “una gran oportunidad, es una bendición”, y no descarta en un futuro poder traer a sus padres a España.

En Galicia, unas 10.000 personas pueden acceder a este proceso extraordinario de regularización según estimaciones de ONG´s y asociaciones del tercer sector. Algunos ayuntamientos están todavía ultimando el refuerzo o la formación del personal en servicios sociales para poder expedir el certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos que algunas de las personas migrantes tienen que presentar para justificar la solicitud de regularización.

En las oficinas de Correos habilitadas en Galicia para asistir a este proceso se agotaron todas las citas disponibles para en la primera jornada de atención presencial. “Unas 600 en total para Galicia, Asturias y Castilla y León”, explica a COPE Galicia Javier Varela, responsable de comunicación de la empresa para el noroeste peninsular.

“En algunas oficinas ha habido que hacer refuerzo, teniendo en cuenta las instrucciones que estamos recibiendo del MInisterio”. En algunas se ha hecho mediante horas extras o contratación, “dependiendo de las necesidades”. Varela indica que “la única incidencia, que no es incidencia, es que va algo lento el escaneo de la documentación. Los trabajadores han recibido un manual “en el que aparece la documentación en función de la persona”.

El sindicato CCOO ha emitido un comunicado este mismo lunes en el que critica la forma en que Correos está implementando el proceso extraordinario de regularización, una medida que el sindicato “apoya plenamente por su carácter de política de Estado y su impacto social positivo”.

Consideran sin embargo que la empresa pública “no ha estado a la altura de la importancia del proceso, ni de la responsabilidad asumida como operador público, ni del respeto que merecen sus profesionales”.

Entidades del tercer sector que están asesorando a las personas migrantes en el proceso de regularización han solicitado que se pongan en marcha más puntos de tramitación: las oficinas de Correos se han habilitado en las capitales de provincia o poblaciones de más de 50.000 habitantes, lo que obligará a muchas personas que residen en villas pequeñas a desplazarse.