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La reunión entre el colectivo Nadie Sin Hogar y el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha concluido sin resultados positivos, con la organización acusando al Ayuntamiento de no garantizar el alojamiento a todas las personas sin hogar, una obligación que, según denuncian, está estipulada en la legislación andaluza.

El colectivo denuncia que, más allá de las declaraciones institucionales sobre el aumento de recursos, la realidad es que las plazas son insuficientes y se aplica un sistema de rotaciones que expulsa a los usuarios, empeorando la atención social y generando mayor inseguridad.

Según Nadie Sin Hogar, el Ayuntamiento mantiene un sistema de rotaciones en los albergues que devuelve a la calle a personas que ya habían conseguido plaza, vulnerando la ley e interrumpiendo procesos de recuperación e integración social.

La respuesta del Consistorio, según el colectivo, es posponer cualquier mejora hasta el nuevo pliego de contratación previsto para noviembre. Sin embargo, la organización insiste en que muchas medidas podrían implementarse de inmediato, utilizando recursos ya disponibles, como partidas presupuestarias sin ejecutar.

El colectivo denuncia que la situación ha empeorado en las últimas semanas. El dormitorio del centro Fermín Salvochea ha reducido su capacidad de 40 a 25 plazas, y ya no se garantiza la continuidad de la estancia, obligando a los usuarios a renovar su plaza diariamente.

Esta situación genera incertidumbre entre las personas que dependen de estos recursos, a lo que se suma la reducción de los horarios de servicios básicos como las duchas.

Plan de choque con medidas inmediatas

Durante la reunión, Nadie Sin Hogar presentó al Ayuntamiento un plan de choque detallado que, aseguran, podría activarse sin esperar a nuevos contratos ni cambios estructurales. Este plan propone una reorganización del sistema actual con medidas para garantizar estabilidad, continuidad y atención personalizada.

Una de las propuestas clave es la eliminación del sistema de rotaciones en los albergues, para asegurar que las personas que consigan una plaza puedan mantenerla de forma continuada y no volver a la calle, lo que permitiría procesos reales de recuperación e inserción social.

El plan también propone avanzar hacia un modelo más estable basado en soluciones como el alojamiento individualizado o fórmulas similares al “housing first”, priorizando espacios donde las personas puedan iniciar itinerarios de inclusión con acompañamiento profesional continuo.

Otra línea de actuación es mejorar la coordinación entre los servicios sociales, los recursos de emergencia y los equipos de calle, para evitar vacíos de atención y garantizar un seguimiento efectivo de cada caso.

Además, se plantea ampliar y flexibilizar los horarios de servicios básicos como duchas, manutención o atención diaria, adaptándolos a las necesidades de los usuarios y eliminando barreras de acceso.

Paralelamente, se propone reforzar la atención individualizada con profesionales especializados que diseñen itinerarios personalizados, abordando no solo la falta de vivienda, sino también aspectos como salud mental, adicciones o inserción laboral.

El colectivo insiste en que muchas de estas medidas no requieren nuevas inversiones, sino una mejor gestión de los recursos existentes, incluyendo partidas presupuestarias no ejecutadas en áreas como Asuntos Sociales o Vivienda.