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El Gobierno español ha dado luz verde a una regularización extraordinaria que afectará a cerca de 500.000 migrantes, modificando el reglamento de extranjería. Esta decisión ha generado controversia al apartarse del consenso que había alcanzado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que perseguía el mismo objetivo.

La ILP: Un amplio respaldo inicial que se diluyó

La ILP, una propuesta que comenzó en 2021 y contaba con el respaldo de 700.000 firmas y más de mil organizaciones, había logrado un hito en el Congreso al ser tomada en consideración con una amplia mayoría de 310 votos a favor y solo 33 en contra. Este apoyo transversal incluía a la sociedad civil e incluso a la Iglesia Católica.

Sin embargo, cuando la tramitación parlamentaria parecía avanzar favorablemente en la comisión de migraciones, un pacto entre PSOE y Podemos ha dinamitado la unidad, dejando de lado la lógica del consenso inicial.

Críticas a la “utilización política” del Gobierno

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha manifestado su opinión sobre el tema, señalando que, aunque la idea de la regularización es positiva, lamenta la “utilización política” por parte del Gobierno. Argüello ha recordado el amplio apoyo inicial a la ILP y ha criticado la falta de un debate enfocado en el “bien común”.

Detalles del nuevo procedimiento de regularización

El nuevo procedimiento exige a los solicitantes acreditar su estancia en España antes del 1 de enero de 2026, con el objetivo de evitar un posible efecto llamada.

Esta regularización permitirá que estas personas, que en su mayoría trabajan en la economía sumergida, puedan cotizar a la Seguridad Social y pagar el IRPF, lo que, según los impulsores, “mejora las cotizaciones, equilibra el sistema de pensiones y disminuye el déficit presupuestario”.

El escollo de los antecedentes penales

Uno de los principales obstáculos del trámite es la exigencia del certificado de antecedentes penales del país de origen. Si bien el Gobierno ha establecido que se puede iniciar la solicitud con una declaración personal, otorga un plazo de tres meses para presentar el documento oficial. Aunque el Ministerio del Interior se ha comprometido a negociar con los países de origen para facilitar la obtención de los certificados, existen dudas sobre la viabilidad de gestionar las más de 700.000 solicitudes previstas.

La incertidumbre de los solicitantes

Personas como José Miguel Ramos, un ciudadano colombiano que lleva dos años en España, ilustran la situación de miles de migrantes que esperan la regularización. Aunque ya ha solicitado sus antecedentes en Colombia, ahora se enfrenta a la burocracia del proceso en España.

Aunque se espera que el proceso se resuelva en un corto plazo, se advierte que, con una avalancha de solicitudes, la respuesta a todos los expedientes podría extenderse a lo largo del año.

Un plazo de solicitud ajustado

El plazo fijado por el Gobierno para la presentación de solicitudes, del 15 de abril al 30 de junio, es de apenas dos meses y medio, un período inferior al de regularizaciones anteriores.

Algunos sectores apuntan a un posible cálculo político detrás de esta premura, relacionado con el calendario electoral.

¿Maniobra de distracción?

Este giro en la tramitación ha sido interpretado por algunos como una maniobra de distracción, coincidiendo el anuncio del pacto entre PSOE y Podemos con la crisis del accidente de Adamuz, lo que sugiere un posible intento del Gobierno de cambiar el foco mediático.