Explotación laboral en centros de empleo para personas con discapacidad: "Existe mucha explotación
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Trabajadores de centros especiales de empleo (CEE) denuncian prácticas abusivas que incrementan la discriminación laboral y salarial de las personas con discapacidad. Un trabajador de Zaragoza, identificado como Jesús, relata cómo, a pesar de realizar el mismo trabajo que una persona sin discapacidad, su salario apenas alcanza el mínimo interprofesional.
Jesús afirma que la empresa para la que trabaja factura al cliente más de 3.000 euros mensuales por su puesto, beneficiándose de subvenciones a la seguridad social y un alto porcentaje de su sueldo.
Otro exempleado, Matías, cuenta que en su anterior CEE le pagaban las horas extras a un precio muy bajo, sin plus de transporte. Denuncia que se aplicaba el convenio de centro especial, mucho más bajo que el del sector real donde se prestaba el servicio.
La abogada Gemma Ruiz explica que los CEE suelen cubrir empleos que no requieren formación previa, lo que conlleva una mayor precariedad laboral.
Matías encontró un nuevo empleo en un CEE con iniciativa social, donde le pagan las horas extras al doble de la hora normal, tiene plus de transporte y mejores condiciones laborales, ganando 400 euros más que Jesús.
Brecha salarial
Esta situación genera una brecha salarial entre personas con y sin discapacidad. Jesús estima que, si se le aplicara el convenio sectorial correspondiente, ganaría entre 6.000 y 7.000 euros más al año debido a pluses por peligrosidad, transporte o tareas específicas.
El afectado denuncia que, a igualdad de trabajo, el empleado con discapacidad cobra sistemáticamente menos.
El número de CEE con ánimo de lucro ha crecido exponencialmente desde que se permitió su entrada en el sector. La normativa de 1985 ya distinguía entre centros con y sin ánimo de lucro, pero la Ley de Contratos del Sector Público de 2013 introdujo una definición legal específica para los CEE de iniciativa social, diferenciando a las entidades sin ánimo de lucro de las sociedades mercantiles.
Antes de la reforma de 2013, Aragón contaba con alrededor de cuarenta centros especiales de empleo, frente a los más de 70 actuales.
Subvenciones que no benefician al trabajador
Los CEE disfrutan de beneficios fiscales y subvenciones, como la reserva del 6% de la contratación pública en Aragón y la financiación del 100% de las cuotas de la Seguridad Social. Sin embargo, los trabajadores denuncian que este apoyo financiero no se traduce en mejores condiciones.
El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) mantiene una línea de subvenciones de 19.625.000 euros, que se gradúa según el tipo y grado de discapacidad, así como la estabilidad del puesto de trabajo.
Jesús relata deficiencias graves en la gestión de su empresa, como el uso de sábanas viejas como paños de limpieza y la negativa a proporcionar calzado ortopédico prescrito.
La legislación obliga a los CEE a mantener Unidades de Apoyo con psicólogos y trabajadores sociales, pero Jesús asegura que estas figuras son inexistentes o puramente administrativas.
Perpetuación de la exclusión
La Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad en Aragón prevé planes periódicos para corregir la desigualdad. Sin embargo, la realidad de los CEE se ha alejado de su motivación original: ser un puente hacia el mercado laboral común. Ruiz advierte que muchas empresas grandes acuden a los CEE solo para cubrir el 2% de cuota legal obligatoria en los puestos más precarios, perpetuando la exclusión.
La Ley 5/2019 establece la obligación del Gobierno de aprobar periódicamente un Plan de Empleo específico, que incluya una memoria económica detallada y se revise integralmente cada cuatro años.
Ruiz reivindica la figura del empleo con apoyo, que respeta mucho más los derechos de las personas con discapacidad y permite un seguimiento más humano del puesto.
