Polémica en Burgos: Concejal del PP culpa a técnicos por contratos municipales con su empresa
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El Ayuntamiento de Burgos busca resolver la controversia generada por la incompatibilidad y los contratos nulos en los que incurrió su concejal, presidente de la Diputación y del PP provincial, Borja Suárez, mediante un “protocolo”. Suárez alega desconocimiento de las leyes de 1984 y 1985 que regulan estos asuntos en todos los ayuntamientos de España, llegando incluso a responsabilizar a los técnicos municipales por no haberle advertido sobre la incompatibilidad de poseer más del 10% de una empresa y recibir contratos municipales.
Contratos municipales bajo la lupa
Según investigaciones, Borja Suárez, con un 33% de las acciones de Eventos El Espino SL, no podía ejercer como concejal. Sin embargo, lo hizo, y entre 2024 y 2025, su empresa obtuvo cinco contratos del Ayuntamiento para eventos de catering por un valor superior a 8.000 euros, además de otros 13 contratos de la empresa municipal Proburgos en 2023, 2024 y 2025. Todos estos contratos han sido declarados nulos. En una sesión plenaria reciente, se llevó a cabo una “toma de razón” y se presentó un protocolo para evitar que estos hechos se repitan.
La defensa de Suárez: “Un socio pasivo”
Suárez ha insistido en que era un “socio pasivo” y que nunca se realizó un estudio de su situación como accionista. Argumenta que se sintió “desamparado” porque no fue advertido sobre la incompatibilidad al presentar su declaración de bienes. Considera que el “protocolo” es necesario para brindarle “amparo”, ya que la divulgación de su doble condición de concejal y empresario ha generado una “tormenta” y le ha causado “semanas muy complicadas” a nivel personal, aunque afirma que la situación administrativa no implica reproche legal.
Críticas de la oposición
El concejal de Vox, Fernando Martínez Acitores, criticó la reiteración de Suárez sobre su falta de amparo y cuestionó si planea tomar alguna medida al respecto o si está orgulloso de lo sucedido. Recordó que las normas son conocidas por todos y que la secretaría municipal debería enfocarse en trabajar en lugar de buscar más amparo. La concejala socialista Blanca Carpintero afirmó que “la ley es cristalina y no se necesita el protocolo”, señalando que Suárez declaró tener una participación superior al 10% que luego aumentó sin ser declarada. Se extrañó de que el presidente de la Diputación desconociera leyes básicas para cualquier estudiante de derecho.
La alcaldesa defiende a Suárez
La alcaldesa, Cristina Ayala, cerró el debate afirmando que la ética implica “presentar un escrito cuando se sabe que ha sucedido y cuando la alcaldesa pide informe al secretario”. No considera que Suárez haya actuado mal, sino que responsabiliza a los técnicos municipales por un error. Aseguró que podrían no haber hecho nada ni elaborado un protocolo, pero que su exigencia ética los impulsa a hacer las cosas correctamente, incluso cuando los servicios técnicos cometen errores.
En la sesión plenaria no se abordó el destino del dinero público recibido por la empresa de Suárez ni si será devuelto.
