La situación en el Parque Móvil de Cádiz ha generado una fuerte alarma tras la denuncia del sindicato Autonomía Obrera, que advierte de que la plantilla municipal continúa trabajando en un entorno con riesgos graves.

El sindicato señala al concejal José Carlos Teruel y al Ayuntamiento de Cádiz por mantener la actividad pese a la existencia de amianto degradado, riesgo de electrocución y un deterioro estructural que, según indican, compromete la seguridad diaria.

Según trasladan en sus denuncias ante la Inspección de Trabajo, la nave presenta condiciones “incompatibles con la normativa de prevención”, con filtraciones de agua que afectan a cuadros eléctricos y elevan el riesgo de incendio. Además, apuntan a un deterioro estructural que podría provocar desprendimientos en zonas de trabajo habituales.

El sindicato destaca que el propio Servicio de Prevención municipal ha calificado la nave como en estado “muy deficiente”, lo que, en su opinión, confirma que los riesgos han sido reconocidos por el propio Ayuntamiento.

A pesar de ello, denuncian que no se han aplicado medidas cautelares para proteger a los trabajadores.

Autonomía Obrera considera especialmente grave que, con conocimiento previo de estos riesgos, no se haya ordenado la paralización preventiva de las zonas afectadas, una actuación que, recuerdan, está contemplada en la legislación vigente.

Amianto y riesgo eléctrico

Entre los elementos más preocupantes, el sindicato señala la presencia de amianto degradado en zonas de trabajo, lo que supone un riesgo para la salud a medio y largo plazo. A esto se suma el peligro de electrocución derivado de filtraciones de agua sobre instalaciones eléctricas, así como el riesgo de incendio.

Según exponen, esta combinación de factores configura un escenario de “riesgo grave e inminente” para la plantilla municipal.

Respecto al anuncio por parte del Ayuntamiento de Cádiz de una inversión de 350.000 euros, el sindicato Autonomía Obrera afirma que no existe actualmente ni proyecto redactado ni licitación iniciada, lo que, a su juicio, convierte ese anuncio en un compromiso sin ejecución real.

El sindicato interpreta estas declaraciones como una forma de posponer la solución de un problema conocido desde hace años, sin adoptar medidas urgentes que garanticen la seguridad.

Entre las medidas que reclaman al equipo de Gobierno municipal, Autonomía Obrera exige la paralización inmediata de las zonas afectadas, la intervención de la Inspección de Trabajo y la adopción de medidas provisionales mientras se tramitan actuaciones estructurales.

Además, el sindicato advierte de que continuará impulsando acciones legales si se mantiene esta situación.