Los vecinos del barrio de Santa María, en Cádiz, han alzado la voz para denunciar la crítica situación de inseguridad y miedo que se ha apoderado de sus calles. La proliferación de puntos de venta de droga y “fumaderos” ha provocado un aumento de los atracos y un clima de amenaza constante que afecta especialmente a las personas mayores y a los niños.

La percepción general es que la situación “se ha ido un poquito de las manos”, como explica Irene Flores, una de las vecinas.

Relata que al barrio acuden muchas “personas enfermas” que, ante la necesidad de conseguir dinero para su dosis, no dudan en “atracar y amedrentar a la gente del barrio”. Este flujo de compradores, muchos de ellos ajenos a Santa María, ha desbordado la convivencia y ha instalado una sensación de “bastante inseguridad”.

Aunque la policía ha comunicado que está al tanto de la situación, los residentes se sienten desamparados.

“Nos sentimos un poquito en abandono los vecinos de aquí”, lamenta Irene. La demanda es básica y unánime: “Simplemente pedimos una cosa muy sencilla, caminar por la calle de nuestro barrio tranquilos”.

Al problema del trapicheo se suma el de las viviendas desocupadas.

Un caso reciente en la calle Botica, donde una casa en ruinas fue ocupada para la venta y consumo de drogas, ha encendido de nuevo las alarmas. Antonio, otro vecino, señala que aunque ese punto concreto “se ha solucionado” gracias a la intervención de las autoridades, “hay muchos más temas por acá”.

Los residentes también han notado un cambio en el perfil de quienes generan los conflictos.

Advierten de que al barrio está llegando “gente de afuera, gente que sale de la cárcel, que vienen más alocados”. Según describen, estas personas “vienen buscando peleas” cuando no consiguen su dosis, lo que ha incrementado la tensión y el miedo entre el vecindario.

La paciencia de los vecinos ha llegado a su límite y exigen una actuación judicial inmediata.

“Yo creo que la policía, igual que nosotros, sabe dónde están los puntos. Y yo creo que ya es hora de actuar”, afirma una residente, cansada de la respuesta de que “tenemos que esperar a un juez”.

La frustración es tal que se preguntan: “¿Nos vamos a tener que convertir los vecinos del barrio en jueces al final?”.

Son conscientes de la complejidad del problema, especialmente a la hora de desalojar a traficantes que residen legalmente en el barrio desde hace años. “Ahí está lo difícil”, admiten.