Indra y Escribano: Un Pulso por el Poder que Inquieta al Gobierno Español
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La posible integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha desatado un intenso debate en España, transformando el sueño de un “campeón nacional” de defensa en una controversia sobre conflictos de interés, gobernanza y control corporativo.
Este asunto se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el Gobierno, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y el consejo de administración de Indra, quienes buscan la mejor manera de llevar a cabo una operación que, desde el punto de vista industrial, parece tener sentido para muchos.
Lo particular de esta situación es que los hermanos Ángel y Javier Escribano, propietarios de EM&E, no solo buscan integrar su empresa en Indra, sino que Ángel Escribano ocupa un puesto en el consejo de administración y preside la compañía.
Ángel Escribano ha defendido la necesidad de ganar tamaño para competir en programas europeos y consolidar capacidades tecnológicas en sistemas, sensores y electrónica avanzada. Una fusión o integración permitiría unir fuerzas tecnológicas, acelerar sinergias y fortalecer la posición internacional del grupo.
Sin embargo, la operación se daría entre una empresa cotizada estratégica y la sociedad privada de su propio presidente, lo que podría reforzar el peso de la familia en el grupo resultante. Esto ha generado preocupación en los ministerios económicos y en el sector.
El Estado, a través de la Sepi, es el principal accionista de Indra con el 28% del capital, mientras que EM&E controla el 14,3%. SAPA Placencia Holding, del País Vasco, es otro accionista relevante, aunque menor. SAPA, junto con algunos consejeros independientes, se opone a la adquisición o fusión de EM&E por parte de Indra.
“Sin Sospechas y Manteniendo el Control”
El Estado considera a Indra un activo estratégico, pero no quiere que la operación con Escribano se realice de cualquier manera. Se busca evitar cualquier sospecha de corrupción o conflicto de interés, y el Estado debe mantener el control como accionista de referencia.
El Partido Popular (PP) también ha expresado su vigilancia sobre la operación y las asignaciones de contratos a Indra sin concurso público, sin descartar acciones legales si detectan irregularidades.
El Gobierno ha establecido límites claros: evitar conflictos de interés, asegurar una valoración impecable de EM&E y evitar una fusión por absorción que diluya la participación de la Sepi y otorgue el control a los Escribano.
El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha presentado diversas alternativas al consejo de administración para que la operación se concrete.
Una Filial de Defensa para Indra
La Sepi prefiere que Indra compre una parte mayoritaria de EM&E para convertirla en una filial, o que Indra cree una filial solo de defensa y realice la fusión con EM&E a través de esta, manteniendo el control la matriz.
Cada opción redistribuye el poder de manera diferente. La primera maximiza la integración, pero genera tensión; la segunda es un punto intermedio con exigencias de gobernanza; y la tercera es la más cómoda para el Gobierno, aunque quizás menos ambiciosa industrialmente.
Indra debatirá estas opciones en su consejo de administración, al tiempo que presentará los resultados anuales correspondientes a 2025, con expectativas positivas.
Se han concedido más de 16.000 millones de euros en préstamos a la compañía a través de varios contratos, algunos de los cuales han sido llevados a los tribunales.
El fondo activista Third Point ha entrado en el capital de Indra, defendiendo que la integración con EM&E generaría valor. Amber Capital también respalda la operación.
Las acciones de Indra han experimentado un aumento significativo en los últimos meses, otorgando a la compañía un valor de mercado de aproximadamente 9.500 millones de euros.
El Papel de De los Mozos
José Vicente de los Mozos busca equilibrar las diferentes posiciones en medio de este pulso.
El consejo de administración de Indra ha creado un protocolo para regular la posible operación con EM&E y evitar el conflicto de interés que afecta a la familia Escribano.
El desenlace de esta situación podría marcar el futuro de la defensa española en la próxima década.
