El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció este martes que, casi dos años después de iniciar el procedimiento para la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), ha firmado la resolución que permitirá a la Abogacía del Estado elevar la causa a la Justicia. «Los informes que componen el expediente incluyen en análisis de los contenidos de la web de la fundación, dictámenes jurídicos y testimonios de víctimas del franquismo.

Y todos coinciden en que la fundación no cumple fines de interés general y, de forma añadida, también desarrolla actividades y difunde mensajes que suponen menosprecio y humillación a las víctimas, vulnerando directamente su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación», dijo Urtasun.Este procedimiento comenzó en junio de 2024 , cuando el Ministerio de Cultura abrió el periodo de actuaciones previas para recabar información sobre las actividades de la FNFF. El encargo recayó sobre el Registro de Fundaciones y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que un año después emitieron informes que acusaban a la fundación de hacer apología del franquismo, humillar a las víctimas y no perseguir fines de interés general.

La apertura del procedimiento como tal se produjo en octubre.En todo momento, el ministro Urtasun ha sostenido que el expediente elaborado por el Gobierno es «muy sólido». La FNFF, por su parte, no niega que haga apología del franquismo –«es un imperativo moral del que esta fundación se honra»–, pero sí descarta que humille a las víctimas: «No hay la más mínima prueba directa que permita acreditar dicha humillación o incitación al odio».Por el camino, el Ministerio de Cultura ha ido rechazando las alegaciones presentadas por la FNFF, que ha denunciado la «extraordinaria celeridad» de las maniobras gubernamentales.

Acusa al departamento que dirige Urtasun de haber reducido el expediente administrativo a un trámite formal: «La decisión de promover la extinción judicial habría estado previamente decidida». Un informe aportado al procedimiento acusa a la fundación de descalificar a las víctimas, negar los daños y hacer una «relectura sesgada» de la historia.La ley de Memoria Democrática de 2022 introdujo una causa específica de extinción para fundaciones que realicen apología del franquismo con menosprecio a las víctimas.

Pero el Gobierno no tiene capacidad de disolver las fundaciones por decreto. Una vez abierto el expediente, recibidos los estudios pertinentes y, previo informe favorable de la Abogacía del Estado, se debe elevar el caso a la Justicia, quien tiene la última palabra.En paralelo, el Ministerio de Cultura pretende ilegalizar cuatro fundaciones más : la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.

Urtasun anunció en noviembre la apertura de las actuaciones previas contra estas fundaciones al entender que están vinculadas al franquismo. «Un Gobierno democrático debe exigir, siempre y en todo momento, verdad, reparación y justicia», justificó.