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El Gobierno de la Región de Murcia ha anunciado que estudiará en detalle el decreto de regularización de inmigrantes aprobado por el Consejo de Ministros y no descarta recurrirlo ante los tribunales. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha criticado la falta de consulta y consideración hacia las autonomías por parte del Ejecutivo central.

López Miras ha expresado su preocupación por la posible saturación de los servicios básicos que podría generar la medida, argumentando que no viene acompañada de la asignación de recursos económicos adicionales para hacer frente a la nueva demanda.

“La decisión del gobierno de España supondrá una mayor saturación del sistema público si no se dan más recursos para eso”, ha enfatizado.

El presidente murciano ha lamentado que se haya tomado “una decisión muy importante, una decisión que afecta a todas las comunidades autónomas” sin previa consulta. Insiste en que serán las autonomías las que deberán asumir la prestación de servicios sanitarios y educativos sin recibir financiación adicional por parte del Estado.

Desde el ejecutivo murciano sostienen que una medida de esta magnitud requiere “la consulta y la colaboración con las comunidades autónomas, que ha estado ausente durante todo este proceso”.

López Miras ha añadido que la inmigración “requiere también muchas cuestiones, control, y lo que hace el gobierno es de todo menos controlarla”.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha manifestado que el Gobierno de la Región de Murcia siempre ha defendido una inmigración ordenada y regular, pero considera que la regularización debe ir acompañada de un análisis del impacto presupuestario y económico, “porque esto supone atender a más personas desde todos los servicios públicos”.

Ruiz ha insistido en que la regularización masiva de extranjeros en situación irregular debe ir acompañada “de la dotación económica correspondiente”.