EMPRESARIO DETENIDO EN CÁDIZ POR EXPLOTACIÓN LABORAL DE MIGRANTES
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La Policía Nacional ha arrestado en la provincia de Cádiz a un empresario del sector de la comida rápida, propietario de varios establecimientos, bajo la acusación de explotar laboralmente a trabajadores migrantes en situación irregular. Se le imputa, además, el cobro de miles de euros a cambio de contratos de trabajo fraudulentos para facilitar la obtención del arraigo en España.
La operación, denominada ‘Naturke’, ha sacado a la luz una supuesta trama de explotación laboral y favorecimiento de la inmigración irregular que operaba en diversos municipios de la provincia gaditana.
Investigación tras inspecciones laborales
La investigación policial se inició en enero tras varias inspecciones conjuntas realizadas por agentes de la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cuatro locales de comida rápida (tipo kebab) ubicados en El Puerto, Prado del Rey, Bornos y Puerto Serrano. Todos los locales inspeccionados pertenecían al empresario ahora detenido.
Durante estas inspecciones, se identificó a cinco ciudadanos de origen pakistaní trabajando en los locales a pesar de encontrarse en situación administrativa irregular en España. Los trabajadores fueron detenidos por infracción de la Ley de Extranjería y se iniciaron los correspondientes expedientes sancionadores.
El avance de la investigación permitió profundizar en el funcionamiento interno de los establecimientos, más allá de la mera situación irregular de los trabajadores.
Los investigadores sospecharon de la existencia de un entramado organizado en el que el empresario se aprovechaba de la vulnerabilidad de personas extranjeras para obtener beneficios económicos y mano de obra en condiciones presuntamente ilegales.
Condiciones laborales precarias
La investigación reveló que los trabajadores estaban sometidos a condiciones laborales extremadamente precarias.
Realizaban jornadas abusivas, con escaso descanso semanal, bajo vigilancia constante a través de cámaras de seguridad instaladas en los locales. Además, las víctimas sufrían un trato degradante, con insultos, amenazas y presiones constantes por parte del empresario.
Los salarios eran muy inferiores a los legalmente establecidos. Los investigadores consideran que el detenido utilizaba la situación de necesidad de los empleados como herramienta de control, imponiendo condiciones laborales que difícilmente aceptarían en otro contexto.
La Policía también sostiene que el empresario exigía elevadas sumas de dinero a algunos migrantes a cambio de contratos de trabajo para justificar procesos de arraigo social, concretamente entre 6.000 y 8.000 euros por persona.
Empadronamientos irregulares
En paralelo a la investigación laboral, los agentes detectaron otra posible irregularidad relacionada con el favorecimiento de la inmigración ilegal. El empresario tenía empadronados a 34 ciudadanos extranjeros en dos viviendas de su propiedad y otras dos alquiladas.
La Policía sospecha que muchos de ellos no residían realmente allí y que estos empadronamientos se utilizaban para facilitar el arraigo administrativo necesario en procesos de regularización, bien a cambio de dinero o como parte del sistema de explotación laboral.
La investigación ha revelado que algunos ciudadanos extranjeros que figuraban en situación regular aparecían dados de alta en la Seguridad Social en los negocios investigados sin desempeñar actividad laboral efectiva, mientras que otras personas sin documentación trabajaban en los establecimientos sin estar registradas oficialmente.
El empresario ha sido detenido como presunto autor de delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular. La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas actuaciones.
