Más Madrid ha instado al Gobierno a garantizar el derecho de acceso a los procedimientos de regularización de las personas migrantes que se encuentran en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que continúan encerrando a personas extranjeras con opciones fundadas para solicitarla, como en los casos de Oussama Moumen, que será expulsado este jueves, el mismo día que entra en vigor del real decreto, y de Omar er-Rahalli. La iniciativa, registrada en el Congreso de los Diputados, pone el foco en posibles disfunciones en la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería.

Según denuncia Más Madrid en el texto registrado por las diputadas Teslem Andala Ubbi y Alda Recas, existirían casos en los que personas con arraigo social, familiar o comunitario acreditado continúen sujetas a procedimientos de expulsión sin poder acceder a los mecanismos de regularización contemplados por el propio Ejecutivo. La iniciativa recoge los casos de Oussama Moumen y Omar er Rahalli, cuya deportaciones son inminentes, pese a contar ambos con informes favorables de entidades sociales y servicios públicos que acreditan su arraigo en España.

Desde la formación advierten de que estas situaciones podría suponer una vulneración de principios básicos como la seguridad jurídica, la proporcionalidad y la eficacia administrativa.

En el caso de Oussama Moumen, que se encuentra en el CIE de Zapadores (Valencia), el joven marroquí, de 23 años, pidió asilo in extremis y su retorno fue aplazado, ya que tenía casi “todo preparado” para pedir la regularización extraordinaria. Sin embargo, este miércoles, ha recibido de nuevo el documento que le anuncia su repatriación, programada para este jueves. Los informes sociales a los que ha accedido elDiario.es acreditan su arraigo y la realización de diversos trámites para pedir la regularización extraordinaria.

El Ayuntamiento de Vinarós (Castellón) ha emitido un informe favorable que “acredita el esfuerzo de integración del solicitante, buen comportamiento cívico, responsabilidad social”.

Por su parte, Omar er-Rahalli, encerrado en el CIE de Algeciras, lleva cinco años en España y dos de ellos viviendo con su novia española y su familia en Sevilla. Fue encerrado después de ser parado por la policía en un control por perfil étnico cuando estaba en los alrededores de la estación de Santa Justa (Sevilla), donde iba a tomar un autobús a Jerez para solicitar su certificado de empadronamiento actualizado, un trámite que debía cumplir cada dos meses para probar su residencia en España. Nunca llegó a su destino, pues la policía le llevó al calabozo y, posteriormente, al centro de internamiento.

Además, desde Más Madrid, subrayan la necesidad de garantizar que el acceso a la regularización no quede limitado por la situación de privación de libertad en la que se encuentran estas personas dentro de estos centros y reclama al Gobierno que active mecanismos efectivos que permitan a las personas internadas ejercer su derecho a solicitar la regularización, evitando que se ejecuten órdenes de expulsión en situaciones en las que concurran los requisitos legales. E impedir de esta forma que se repitan casos como los de Oussama Moumen y Omar er Rahalli.

Más Madrid también solicita al Gobierno medidas de supervisión y coordinación entre administraciones para impedir que estos casos queden fuera del marco de protección previsto en la normativa. Asimismo, le pide al Ejecutivo reforzar la transparencia institucional para conocer el número de personas extranjeras que se encuentran actualmente en los CIE o en centros penitenciarios ordinarios para poder evaluar así el alcance real de esta problemática.