Primer día de la regularización en España: Migrantes enfrentan obstáculos para obtener el "informe de vulnerabilidad
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La presentación de las primeras solicitudes de regularización por vía telemática transcurrió con relativa normalidad. Sin embargo, un obstáculo inesperado surgió para aquellos migrantes sin papeles que necesitan presentar el “informe de vulnerabilidad”, un requisito de último momento impuesto por el Gobierno.
Tarapder, un migrante de Bangladesh, ejemplifica la dificultad que enfrentan muchos. Tras visitar múltiples ONG y oficinas municipales en Madrid, no logró encontrar dónde solicitar el informe. Funcionarios municipales admitieron estar al tanto del requisito por los medios, pero desconocían el procedimiento a seguir.
¿Qué es el “informe de vulnerabilidad”?
Este documento, aparentemente sencillo, busca justificar las condiciones de vida precarias asociadas a la situación irregular. Es exigido a migrantes sin hijos a cargo o que no puedan presentar una oferta de contrato laboral. Se ha convertido en un impedimento para muchos al inicio del proceso de regularización.
Tarapder, precavido, había recopilado los documentos requeridos con antelación. Sin embargo, el “informe de vulnerabilidad” lo tomó por sorpresa, tras ser incluido a raíz de una recomendación del Consejo de Estado para justificar la precariedad vinculada a la irregularidad administrativa.
El Ministerio de Migraciones describió el trámite como “sencillo”, gestionable en servicios sociales municipales y autonómicos, o a través de ONG colaboradoras. No obstante, en la práctica, obtenerlo resultó ser un desafío para muchos migrantes en Madrid, Valencia y Andalucía.
Si bien el registro telemático de solicitudes se desarrolló con aparente normalidad, abogados de extranjería confirmaron que solo pudieron presentar expedientes de solicitantes de asilo o migrantes con hijos menores o contrato de trabajo, exentos del informe.
Resistencia municipal y falta de información
Algunos ayuntamientos, como el de Madrid, se mostraron reacios a colaborar. El alcalde José Luis Martínez Almeida afirmó que no se responsabilizarán del proceso. Esta falta de coordinación dificulta aún más el acceso al informe.
La odisea de Tarapder continuó en Cáritas, Cruz Roja y diversas oficinas municipales, sin éxito. La información oficial del Ministerio de Inclusión, disponible solo en castellano, también representó una barrera para quienes no dominan el idioma.
En la Junta de Distrito de Arganzuela, le entregaron un formulario que resultó ser solo un registro de peticiones, no el informe específico. Ante la falta de información, la solicitud no pudo ser formalizada. “Hemos recibido órdenes de la Junta de distrito para dejar de hacerlo por ahora, hasta que sepamos algo más”, le explicaron.
Confusión generalizada
Una funcionaria de servicios sociales admitió: “Aún no sabemos cómo tenemos que proceder, quién lo tiene validar, el Ministerio no nos ha dado información”.
Emilia, una venezolana de 60 años, también se topó con la misma respuesta en el centro de Madrid. “Todo sigue igual”, le dijeron.
Aunque las ONG colaboradoras pueden emitir el informe, muchas no tenían un sistema habilitado para organizar las solicitudes. CEAR priorizará a quienes ya atiende.
El Ministerio de Inclusión pide “paciencia” hasta que la maquinaria se engrase.
Felipe Garoña, abogado y presidente de la Asociación Extranjeristas en Red, explicó que priorizaron casos ya preparados, sin requisitos sorpresa como el informe. Algunas ONG se niegan a realizar el documento a migrantes con abogados privados, lo que podría ser un problema.
Andalucía Acoge critica la negativa de algunos ayuntamientos a facilitar el trámite, calificándolo de sencillo y que solo requiere “un poco de buena fe”. Otros ayuntamientos sí se están organizando, lo que demuestra que es una cuestión de voluntad.
Al final del día, Tarapder resumió su experiencia: “Me dijeron que volviese la semana que viene… En todas partes. Mañana volveré a intentarlo”.
