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Un año después de que el Congreso de los Diputados aprobara la exclusión del lobo ibérico del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) al norte del Duero, la situación en Castilla y León ha empeorado. Los ataques al ganado han aumentado un 47%, con una cifra récord de casi 6.000 cabezas muertas en el último año en la comunidad.

El consejero de Medio Ambiente en funciones de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha manifestado que la reforma legal no ha sido efectiva debido al bloqueo del Gobierno de España en la gestión de la especie. Según explica, la falta de un informe sobre el estado de conservación del lobo, que debía ser remitido a la Comisión Europea, impide que las comunidades puedan tomar medidas.

Procedimiento Sancionador de la UE y Acusaciones de Incumplimiento

Este incumplimiento ha provocado la apertura de un procedimiento sancionador por parte de Bruselas contra España. Suárez Quiñones asegura que el informe técnico está finalizado y concluye que el lobo tiene un estado de conservación favorable, pero acusa al Gobierno de impedir su aprobación en la conferencia sectorial, un paso necesario para su envío a Europa.

“Incumple de forma palmaria la ley”, ha afirmado el consejero.

Suárez Quiñones también ha recordado que una reforma previa en Europa unificó el régimen de protección del lobo en todo el continente, eliminando la distinción entre el norte y el sur del Duero. Ahora, toda Europa cuenta con un régimen flexible que permite la gestión de la especie por parte de los estados. Sin embargo, este avance resulta inútil si el Gobierno central no desbloquea la situación.

Consecuencias Devastadoras para el Sector Primario

La parálisis en la gestión del lobo está teniendo consecuencias graves para el sector primario. Además de las 6.363 reses muertas en 2024, Suárez Quiñones advierte sobre el abandono de las ganaderías.

Aunque la Junta ofrece compensaciones por el ganado perdido, el consejero destaca que los ganaderos prefieren conservar su ganado y sus explotaciones. Considera que la inacción del Gobierno es “un ataque sin precedentes” que pone en riesgo la supervivencia de los pueblos y del medio rural.

Acciones Legales y Reclamaciones

Ante esta situación, la Junta de Castilla y León ha recurrido a los tribunales la negativa del Gobierno a convocar la conferencia sectorial. Junto a otras 13 comunidades autónomas, volverá a solicitar formalmente dicha convocatoria. Si el bloqueo persiste, Suárez Quiñones advierte que se emprenderán “las acciones civiles e incluso penales que sean procedentes para tratar de evitar este ataque tan terrible a nuestro territorio”.