Navarra ostenta el título de tener el agua de mayor calidad de toda España, según un estudio de la OCU de 2023, un logro que se complementa con una gestión sostenible que ha reducido el consumo doméstico a 115,6 litros por habitante al día. Este éxito se enmarca en el Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano 2019-2030, una hoja de ruta en la que se han invertido 188 millones de euros por parte del Gobierno foral y las entidades locales para consolidar a la comunidad como un referente nacional.

La piedra angular de este sistema es el Canal de Navarra, una infraestructura que, en su primera fase, ya abastece de agua potable al 70% de la población navarra, más de 430.000 personas.

Sin embargo, la promesa de progreso y cohesión territorial choca con la parálisis de su segunda fase, un proyecto estratégico que sigue pendiente y que es vital para 17 municipios de la Ribera y para el futuro del sector agroalimentario de la región.

A pesar de los buenos datos, el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez, advierte que no hay que “caer en la autocomplacencia”. Identifica seis grandes desafíos: la desigualdad territorial en la calidad del suministro, el cambio climático, la necesidad de una gobernanza más profesionalizada para pequeños concejos, un modelo económico justo que refleje el valor del agua, el impulso a la digitalización y la corresponsabilidad institucional.

Rodríguez, cuyo gobierno se autodenomina “el gobierno del agua”, asegura que ya se trabaja “en paralelo” para que, cuando llegue el canal, la conexión de los municipios de la Ribera sea “prácticamente automática”.

El objetivo, afirma, es que las obras de esta segunda fase comiencen dentro de la presente legislatura, aunque evita dar una fecha concreta y se limita a un “lo antes posible”.

La visión del Gobierno contrasta con la del exconsejero y miembro de Institución Futuro, Álvaro Miranda, quien denuncia que “no se ha sido capaz en 12 años de mover un papel y, por supuesto, un metro cúbico de hormigón en la segunda fase”. Miranda atribuye esta parálisis al cambio de gobierno en 2015 y a la “posición preponderante de Bildu”, que, según él, “paró todo”.

Para el ingeniero, los continuos anuncios sin hechos son un “fraude” a la ciudadanía.

Subraya la frustración por el tiempo perdido en una obra que considera más sencilla que la primera fase y que, en su opinión, ya debería estar finalizada. “Podía estar ya en servicio la segunda fase del Canal de Navarra”, lamenta Miranda, quien insiste en que la infraestructura es clave para garantizar el futuro de la región.

Miranda desvela lo que considera “la llave de por qué no se ha puesto en marcha el canal”: la transformación de las 22.400 hectáreas de la zona regable, una competencia “100% del Gobierno de Navarra”.

Argumenta que sin un compromiso firme para desarrollar el regadío, la empresa estatal encargada del canal no puede justificar la inversión. “Todo el mundo habla del canal y nadie habla de la zona regable”, critica.

Desde el campo, el agricultor y miembro de UAGN, David Navarro, confirma la urgencia.

La segunda fase, explica, no solo traerá agua de calidad para casi 85.000 personas, sino que es vital para un sector “absolutamente dependiente del agua”. Destaca que el canal es una “obra absolutamente perfecta” por su eficiencia, con apenas un 3% de pérdidas y sin necesidad de bombeo, lo que aumentará la capacidad productiva, la contratación y el desarrollo de la industria agroalimentaria.

Navarro recuerda que esta industria es un pilar económico que vertebra la comunidad y combate la despoblación.

“Es un tipo de industria que no se deslocaliza, que realmente es nuestra y que fomenta el desarrollo de todo el territorio”, defiende. Ahora, con el convenio Navarra-Estado a punto de firmarse, la pelota pasa al tejado del ministerio, al que pide “poner fechas” para una licitación que acumula “muchos meses” de retraso.