PRIVATIZACIÓN DE LA MARINA DE VALENCIA: ORIGEN DEL ESCÁNDALO QUE INVESTIGA ANTICORRUPCIÓN
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La privatización de la gestión de la Marina de València, impulsada por la alcaldesa María José Catalá, se encuentra en el centro de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Esta decisión, que revierte la política de gestión pública de su predecesor, Joan Ribó, ha generado controversia y sospechas de irregularidades en la adjudicación de plazas públicas.
La Decisión de Privatizar la Marina
En diciembre de 2023, Catalá y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, anunciaron la privatización por 35 años de un 47% de la Marina de València, abarcando amarres y zonas sur y norte. Esto implicó que la ciudad perdiera el control unitario del espacio, que hasta entonces gestionaba el Consorcio Valencia 2007, un ente público participado por el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento.
Investigación por Prevaricación y Tráfico de Influencias
La privatización dio pie a una denuncia de Compromís ante la Fiscalía Anticorrupción, que ha abierto diligencias de investigación. La denuncia alega prevaricación y tráfico de influencias en la publicación y adjudicación de varias plazas en organismos públicos dependientes del Ayuntamiento y de la APV. Estas plazas fueron ocupadas por extrabajadores del Consorcio Valencia 2007, que se encontraba en proceso de liquidación para dar paso al nuevo operador privado.
La denuncia señala a la alcaldesa, María José Catalá, a las concejalas Paula Llobet y Rocío Gil, y a la presidenta de la APV, Mar Chao. Posteriormente, la coalición valencianista y el PSPV ampliaron la denuncia al concejal José Marí Olano tras la difusión de audios en los que ofrecía información sobre las plazas a empleados del Consorcio. Catalá, por su parte, niega cualquier irregularidad y se muestra dispuesta a colaborar con la Fiscalía.
El Cambio de Rumbo Respecto a la Gestión Anterior
La apuesta de Catalá por la gestión privada contrasta con el proyecto de Joan Ribó de crear un nuevo ente municipal para gestionar la Marina y reubicar a los trabajadores afectados por los despidos tras la liquidación del Consorcio Valencia 2007. Con la privatización, una decena de empleados fueron despedidos, mientras que otros fueron subrogados por la nueva empresa gestora.
Según se comunicó a los empleados en 2022, el Estado decidió abandonar el Consorcio tras condonar una deuda de 360 millones de euros. Esto llevó a Ribó a iniciar gestiones para crear un nuevo ente municipal que mantuviera la gestión pública y unitaria de la Marina.
La Subrogación de Empleados en el Punto de Mira
Los empleados afectados consideran que podían acogerse al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la subrogación en caso de sucesión de empresas. Además, el convenio colectivo del Consorcio preveía esta posibilidad, aunque no se remitió a las autoridades laborales para su validación. Diversas fuentes jurídicas sostienen que esta situación no impide la subrogación.
Durante el proceso de liquidación, solo tres empleados fueron reubicados en plazas creadas en la APV y en organismos del Ayuntamiento, procesos que ahora investiga Anticorrupción. Otros empleados optaron por no presentarse a estas plazas ante las dudas jurídicas que les suscitaban los procesos selectivos.
