PPCV Rechaza Regularización Masiva de Inmigrantes del Gobierno Central: "No Pagaremos la Cuenta
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El Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha expresado su firme oposición al plan de regularización masiva de inmigrantes propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, argumentando que la medida carece de planificación y recursos adecuados.
Carlos Gil, secretario general del PPCV, ha declarado que no permitirán que los valencianos asuman las consecuencias financieras de lo que describe como una “decisión unilateral e irresponsable” del gobierno central. El PPCV respalda la decisión de la Generalitat Valenciana de impugnar el decreto.
Según Gil, la normativa se ha aprobado de manera apresurada, “sin memoria económica, sin planificación y sin diálogo con las comunidades autónomas”, lo que considera una “absoluta deslealtad institucional”.
Se estima que alrededor de 100.000 migrantes residen en la Comunitat Valenciana sin tener su situación legalizada.
Críticas a la Forma y al Fondo de la Medida
El PPCV ha criticado la rapidez con la que se ha implementado la regularización. Según Gil, aprobar un decreto de esta magnitud con tan poco preaviso, sin evaluar su impacto ni asignar los recursos necesarios, es una falta de seriedad.
En contraposición a lo que consideran un “caos”, el PPCV aboga por una política de inmigración “legal, ordenada, con futuro e integrada en nuestra capacidad real de acogida”.
Gil ha calificado la política del gobierno central como una “improvisación de un Gobierno a la deriva”.
Advertencias de la Comisión Europea
El PPCV ha recordado las advertencias de la Comisión Europea sobre el efecto llamada que pueden generar las regularizaciones masivas. Bruselas ha alertado de que estas medidas pueden comprometer la seguridad, la cohesión social y el correcto funcionamiento del espacio Schengen, recomendaciones que, según el PPCV, el Gobierno socialista ha ignorado.
“La Comunitat Valenciana no será el laboratorio de las ocurrencias de un Gobierno que legisla sin pensar en las consecuencias reales para los ciudadanos”, sentenció Gil, insistiendo en la necesidad de “respeto a la ley, el sentido común y la defensa de la calidad de vida de los valencianos”.
