
¿Es el caso Begoña Gómez el que más daño político está haciendo a Pedro Sánchez?
La acusación popular en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, solicita para ella 24 años de cárcel por los cuatro delitos que propuso el juez Juan Carlos Peinado, así como 22 para su asesora, Cristina Álvarez, y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés.
La acusación, que coordina Hazte Oír, ha presentado su escrito después de que el juez diera por cerrada la instrucción en un auto fechado el 11 de abril en el que propuso juzgar con jurado a Begoña Gómez, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
El magistrado, que archivó las actuaciones por el delito de intrusismo profesional, continuó asimismo el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.
En el escrito, la asociación ultracatólica Hazte Oír pide que a Begoña Gómez se le retire el pasaporte por riesgo de fuga y que en el futuro juicio declare como testigo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que “interesa en cuanto a su relación con la acusada y la utilización de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto”.
En concreto, esta acusación popular solicita para Begoña Gómez seis años de cárcel por el delito de tráfico de influencias y la prohibición de recibir ayudas públicas o beneficios fiscales durante 10 años.
Por el delito de corrupción en los negocios pide cuatro años; por el de malversación ocho y veinte de inhabilitación absoluta, y por el de apropiación indebida seis años de prisión.
Para la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, esta acusación particular solicita por el presunto delito de malversación ocho años de cárcel e inhabilitación absoluta por 20 años; por el supuesto tráfico de influencias cuatro años; por corrupción en los negocios otros cuatro y por el de apropiación indebida seis.
Y para Juan Carlos Barrabés solicita dos años de prisión por tráfico de influencias, delito por el que también pide que no pueda contratar con el sector público durante diez años; y cuatro años por corrupción en los negocios.
Hazte Oir relata que tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en 2018 Begoña Gómez “con plena consciencia de ello y de forma voluntaria, dio un giro radical” a su carrera, aprovechándose de la influencia que le otorgaba ser la mujer del jefe del Ejecutivo.
Así, manifiestan desde esta asociación, logró dirigir una cátedra en la Universidad Complutense, un trabajo en el que la ayudó el empresario Barrabés, a quien ella, en contraprestación, firmó cartas a favor de sus proyectos para que recibiera ayudas.
Añaden que una vez en ese puesto Gómez se apropió indebidamente de un ‘software’ de la Complutense y que logró que se nombrara a Cristina Álvarez como su asesora para labores privadas con la connivencia de esta.
Hazte Oir solicita para los tres procesados, debido al “evidente y fundado riesgo de fuga” por las altas penas que se piden, que se les prohíba salir de España, se les retire el pasaporte y que firmen cada 15 días en el juzgado.













