La prórroga del alquiler mediante burofax genera tensión entre inquilinos y propietarios

La prórroga del alquiler mediante burofax genera tensión entre inquilinos y propietarios
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La prórroga del alquiler mediante burofax genera tensión entre inquilinos y propietarios

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La posibilidad de prorrogar los contratos de alquiler mediante un burofax ha generado debate y tensión entre inquilinos y propietarios en España. Unos 2.8 millones de inquilinos, pertenecientes a un millón de hogares, enfrentan el vencimiento de sus contratos antes del 31 de diciembre y podrían acogerse al real decreto extraordinario, implementado como consecuencia de la guerra en Ucrania, que permite extender los contratos por dos años adicionales.

Esta medida ha provocado inquietud y malestar entre algunos propietarios, mientras que los inquilinos se encuentran divididos entre el temor a un posible conflicto derivado del envío del burofax y la oportunidad de asegurar la continuidad de su contrato sin aumentos en el alquiler.

El burofax como herramienta legal

El burofax es un servicio de envío de documentos que ofrece validez legal ante terceros y la justicia, permitiendo acreditar de manera fehaciente el remitente, el contenido del mensaje y la fecha de recepción. Por ello, es la forma de comunicación recomendada por abogados para solicitar la prórroga del contrato.

Sin embargo, la viabilidad del real decreto está en entredicho, ya que no cuenta con el respaldo suficiente en el Congreso. Sumar es el único partido que defiende el texto, lo que hace probable que decaiga antes del 29 de abril, fecha límite para su aprobación tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 21 de marzo.

Inquilinos entre el miedo y la oportunidad

Muchos inquilinos temen confrontar a sus arrendadores con el envío del burofax, prefiriendo evitar posibles conflictos. Sin embargo, desde organizaciones como el Sindicato de Inquilinos de Madrid, se advierte que esta es la forma legal más segura de garantizar la prórroga, ya que los propietarios siempre tienen la tentación de aumentar las ganancias.

Según el abogado Víctor Palomo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la prórroga será válida si el burofax se envía antes de que el decreto pierda vigencia. Esta prórroga limita el aumento del alquiler al 2% y afecta a los contratos que finalicen entre el 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2027, salvo en casos donde el arrendador haya comunicado la necesidad de ocupar la vivienda o exista un acuerdo previo entre las partes.

La visión de los propietarios

Desde la perspectiva de los propietarios, Eduard Soler, abogado y secretario de Som Habitatge, sostiene que las prórrogas válidas serán aquellas cuyo fin de contrato coincida con la vigencia del decreto, independientemente del envío del burofax. Además, advierte que en zonas tensionadas, como Cataluña o Navarra, la prórroga podría no beneficiar a los inquilinos, ya que la renovación tácita, que se aprueba cuatro meses antes del fin de contrato, es de tres años.

Soler recomienda a los propietarios actuar con prudencia, pero anticipa una alta judicialización de los casos, ya que aquellos que no estén seguros de aceptar la prórroga buscarán recursos legales. Por su parte, Montserrat Junyent, representante de los Agentes Inmobiliarios de Cataluña, critica la aprobación del decreto sin suficiente debate, lo que genera incertidumbre en el mercado.

Casos de éxito y fracaso

Aunque existen casos de éxito en el envío del burofax, como el de Mariel en Barcelona, también hay situaciones en las que no ha surtido efecto. Laura Martínez, de Toledo, envió el burofax antes del vencimiento de su contrato, pero la propiedad le devolvió el último ingreso por el alquiler y no ha logrado establecer un diálogo para negociar la prórroga.

Ante este panorama, muchos inquilinos aún no se deciden a enviar el burofax, temiendo las posibles consecuencias. Sin embargo, organizaciones como el Sindicato de Vivienda insisten en que el conflicto ya existe, ya que una persona ejerce su poder sobre otra, y el burofax es una herramienta para defender los derechos del inquilino.