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La historia de Noelia Fraga López es un crudo reflejo de la problemática de la vivienda en Cádiz, las deficiencias del sistema y la falta de respuesta del Ayuntamiento ante situaciones que no logran resonancia pública. Tras un largo silencio, Noelia ha alzado su voz.

Un grito desesperado frente al Ayuntamiento

Después de casi un año aguardando una respuesta del concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero, Noelia decidió manifestarse frente al Ayuntamiento para ser escuchada. Su acción tuvo un efecto casi inmediato, siendo recibida en pocas horas por un miembro del equipo de Gobierno de Bruno García. “Me siento como si fuera un número”, lamenta, visiblemente afectada por la situación.

De la pérdida de vivienda a la precariedad extrema

La historia de Noelia se desencadena con la pérdida de su vivienda de alquiler, dando inicio a una serie de circunstancias cada vez más difíciles.

Tras diversos traslados entre familiares en diferentes localidades, terminó dependiendo de recursos públicos. Sin embargo, en lugar de hallar estabilidad, se encontró con un entorno que, según su testimonio, empeoró su situación.

El infierno de la pensión y el deterioro de la salud

Su paso por una pensión en la calle Soledad marcó un punto de inflexión. Los espacios compartidos, la falta de intimidad y una convivencia complicada desencadenaron ataques de ansiedad que agravaron su estado de depresión, previamente diagnosticada y medicada. “No es por lujo, es que es inhumano”, explica.

La situación llegó a tal extremo que tuvo que abandonar el recurso y recibir atención médica.

Con tratamiento médico, medicación y un evidente deterioro físico (pérdida de peso, caída del cabello), su estado emocional se ha ido deteriorando. Noelia reconoce incluso haber intentado acabar con su vida en dos ocasiones, reflejo de su profunda desesperación.

Una vida en suspenso

A sus 43 años, con dos hijos (uno de ellos menor al que ayuda económicamente) y responsabilidades familiares, Noelia vive con la constante sensación de haber fallado. Sin una vivienda estable, sin poder ofrecer un entorno seguro a su hijo menor y dependiendo de un entorno familiar también frágil (su madre y la pareja de su madre sufren depresión y problemas físicos), su día a día es, en sus propias palabras, “sobrevivir”.

El laberinto burocrático: sin empadronamiento, sin acceso

Noelia asegura haber seguido los trámites habituales: contactar con servicios sociales, solicitar ayuda, esperar respuestas. Pero sin éxito.

“Llevo casi un año esperando”, recalca.

El Ayuntamiento argumenta que su situación está bloqueada por no estar empadronada actualmente en ningún domicilio, lo que limita su acceso a los recursos. La solución propuesta es empadronarse en el albergue municipal, paso previo para que se le asigne una trabajadora social y se active su expediente.

Además, figura en el registro de demandantes de vivienda, pero en una posición que dificulta una solución inmediata: el número 112. Para Noelia, este proceso no es una solución, sino una prolongación del problema. “Primero empadrónate, luego espera”, resume.

Mientras tanto, permanece fuera del sistema.

Una reacción inesperada

Lo que no sucedió en meses, ocurrió en una mañana. Su presencia frente al Ayuntamiento, haciendo visible su situación, provocó una reacción inmediata. Tras la intervención del portavoz del PSOE, Óscar Torres, fue llamada desde Alcaldía y atendida sin cita previa por la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, y la coordinadora de Asuntos Sociales.

De esta reunión surgió la propuesta de empadronamiento en el albergue municipal y una cita con la trabajadora social de Procasa. En menos de una mañana, dos pasos concretos.

Este contraste marca su relato: casi un año sin respuesta frente a una reacción en cuestión de horas. “Sabía que vienen elecciones y conviene quitarme de la vista”, afirma, sugiriendo su interpretación de lo sucedido.

A pesar de todo, reconoce que en la reunión recibió un trato más directo y cierta orientación: empadronarse, acceder a una trabajadora social y estudiar posibles soluciones como pensiones temporales. Un avance, aunque aún lejos de resolver su situación de fondo. “Me ha transmitido confianza”, dice de Ana Sanjuán, algo que en su situación es muy importante.

Exclusión del sistema: ingresos insuficientes y puertas cerradas

Su situación económica tampoco le permite acceder al mercado de alquiler.

Percibe el Ingreso Mínimo Vital, una prestación no contributiva, pero no se considera una nómina válida para los propietarios. Sin avalistas que acepten los arrendatarios (su padre es pensionista) y con exigencias cada vez mayores, el acceso a una vivienda es prácticamente imposible.

Mientras tanto, sigue ayudando económicamente a su familia que acoge a su hijo, en un entorno con problemas de salud y recursos limitados. “¿De qué me sirve esa solución?”, se pregunta, ante un sistema que le exige requisitos que no puede cumplir.

“Solo tengo mi voz”: la visibilidad como única salida

La invisibilidad es una constante en su testimonio. La sensación de no existir dentro del sistema hasta que el problema se hace público.

“Lo único que tengo para defenderme es mi voz”, repite.

Su caso pone de manifiesto una realidad más amplia en Cádiz: la dificultad de acceso a la vivienda, la burocracia como obstáculo y unos servicios sociales que, según denuncian muchos afectados, no actúan a tiempo.

En su caso, la diferencia ha sido dar un paso al frente: dejar de esperar y hacerse visible.