Antifraude cuestiona contrato de emergencia de la Generalitat Valenciana firmado en 2022
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La Agencia Valenciana Antifraude (AVA) ha emitido un informe crítico sobre un contrato de emergencia adjudicado por la Generalitat Valenciana en 2022, durante el período del Pacte del Botànic. El organismo recomienda una “adecuada planificación y programación” de la contratación administrativa para evitar el recurso a la tramitación de emergencia.
El informe de Antifraude detecta una justificación “incompleta, fragmentada y confusa” para la elección del procedimiento de emergencia, así como un “precio erróneo” en el contrato. Aunque la resolución de la agencia no especifica qué organismo público de la Generalitat realizó la adjudicación, señala que el contrato “incumple la obligación de proporcionar una justificación razonada y sólida” para el uso de esta modalidad de contratación.
El organismo también cuestiona la falta de diligencia en relación con las alteraciones de la geometría de la vía, sugiriendo que se trata de un contrato vinculado a infraestructuras de transporte. Según Antifraude, la entidad conocía los problemas en la superestructura de la vía desde mayo de 2017, el estado de degradación desde junio de 2020 y la progresión de la degradación desde febrero de 2021.
Antifraude critica la falta de justificación sobre si la contratación se limitó a las actuaciones “estrictamente indispensables” para prevenir o remediar los daños determinantes de la emergencia. Tampoco se justifica la necesidad de acudir a la contratación directa ni los motivos por los cuales no era posible resolver la situación mediante otros procedimientos menos restrictivos de la libre concurrencia.
El informe señala que no se justifica “adecuadamente” la insuficiencia del contrato vigente ni se acredita “por qué los trabajos realizados por razón de los contratos anteriores no subsanaron los problemas que ocasionaron la actuación de emergencia”. Además, el acuerdo de ejecución exigido por la Ley de Contratos del Sector Público se adoptó “de forma extemporánea”, con un retraso superior a los dos meses desde el inicio de la actividad del adjudicatario.
Un “precio erróneo”
El contrato, suscrito el 10 de mayo de 2022, estipulaba un “precio erróneo” que no fue corregido según los procedimientos previstos en la normativa, lo que, según Antifraude, constituye una irregularidad que podría invalidar el acuerdo.
El informe enfatiza que la modalidad de emergencia es “excepcional” y recomienda que se adopten medidas para asegurar que todos los contratos tramitados bajo esta modalidad sigan estrictamente las recomendaciones de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Esto incluye solicitar ofertas a más de una empresa, cuando sea necesario recurrir a la contratación de emergencia, para adecuar la tramitación excepcional a los principios de libre competencia y selección de la oferta económicamente más ventajosa.
