JUAN CARLOS PEINADO PROPONE JUZGAR A BEGOÑA GÓMEZ POR CUATRO DELITOS SIN HALLAR PRUEBAS DE APROPIACIÓN INDEBIDA
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El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto llevar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por cuatro delitos. Esta decisión llega tras dos años de investigación iniciada a raíz de una denuncia presentada por el pseudosindicato Manos Limpias.
El magistrado acusa a Gómez de utilizar su estatus para favorecer su carrera profesional, obtener fondos privados y recibir favores en el ámbito académico y empresarial. Además, la acusa de apropiarse de fondos privados destinados a la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense para su “patrimonio personal”.
Investigación sin hallazgos de apropiación
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el juez Peinado no ha presentado ninguna prueba que respalde la supuesta apropiación de dinero por parte de Begoña Gómez. Durante la investigación, se rastrearon sus cuentas y se fiscalizaron sus ingresos, sin encontrar indicios de irregularidades.
Incluso, la Guardia Civil investigó un escrito de un abogado conocido por difundir bulos que vinculaba a Gómez, sin pruebas, con una fortuna oculta en cuentas en República Dominicana y Turquía. Sin embargo, se acreditó que Gómez disponía de un saldo total de 21.000 euros distribuidos en siete cuentas del BBVA, y que sus ingresos en la Complutense eran limitados, con un máximo de 15.000 euros anuales por los dos másteres que impartía.
Trabajo en la Complutense y la Cátedra TSC
Gómez comenzó a trabajar en la Complutense en 2012, seis años antes de que su marido llegara a la Moncloa. Primero, como codirectora de un curso de Técnico de Fundraising, y luego como codirectora de dos másteres. En total, cobró 40.000 euros en ese tiempo, de los cuales 8.123 euros fueron percibidos antes de 2018.
En 2020, fue nombrada codirectora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC), actividad que genera parte de las sospechas del juez Peinado. Sin embargo, no cobró por la codirección de esta cátedra, ya que no era funcionaria de la Universidad. A pesar de ello, el juez sostiene que la cátedra “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la investigada” y que “recibió una remuneración por dicha actividad”.
Financiación de la Cátedra y la Sociedad TSC
La Fiscalía, que ha solicitado reiteradamente el archivo de la causa, ha defendido que no se han hallado “pagos sospechosos” en la exhaustiva investigación patrimonial. Tanto el Ministerio Público como la defensa han argumentado que todas las donaciones de empresas patrocinadoras ingresaron íntegramente en las cuentas de la Universidad Complutense y nunca en las de Begoña Gómez.
La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de Reale Seguros, la Fundación la Caixa, Indra, Google y Telefónica.
El magistrado también considera como indicio la creación en 2023 de una sociedad con el mismo nombre de la cátedra. No obstante, la Fiscalía ha constatado que la sociedad “no tuvo efectiva actividad”. Nunca llegó a depositar cuentas anuales ni registró dominios, derechos o bienes de ningún tipo a su nombre. La defensa de Gómez ha reiterado que la sociedad “no estuvo operativa nunca”.
Las Donaciones como “Fachada”
El juez Peinado considera que existe un delito de corrupción en los negocios en los patrocinios de la cátedra y la financiación de una herramienta informática vinculada a ella. Sostiene que la captación de fondos privados no respondía a una dinámica ordinaria de patrocinio universitario, sino que podría ser la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas relacionadas con las adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías.
La “prueba indiciaria” más evidente de esta “reciprocidad”, según el juez, es la carta de apoyo firmada por Begoña Gómez a favor de la UTE vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés. Sin embargo, se trataba de una “declaración de interés y apoyo” idéntica a la que firmaron otras 32 personas.
El juez sostiene que Barrabés participó activamente en este supuesto esquema de “ventajas no justificadas”, prestando a Gómez “asesoramiento”, “apoyo estratégico” y conexiones para que ella pudiera desarrollar su proyecto académico y tecnológico. A cambio, obtuvo “apoyo, visibilidad y respaldo en expedientes de adjudicación” y acceso a un entorno “institucionalmente privilegiado”.
Fiscalía Europea
Los hechos relativos a las licitaciones concretas de las que resultó beneficiario Barrabés dejaron de ser investigados en el juzgado de Peinado, ya que la Fiscalía Europea asumió su investigación al estar financiados con fondos de la Unión Europea.
La Fiscalía Europea encargó un informe pericial que determinó que Red.es había beneficiado “injusta e ilegalmente” al empresario Barrabés. No obstante, Begoña Gómez no tiene la condición de investigada en esa causa, en la que ha sido llamada a declarar únicamente en calidad de testigo.
Este último auto del juez es recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid. El magistrado ha dado cinco días a las partes para que presenten sus escritos de calificación.
