NUEVA BATALLA POR LA JORNADA DE 35 HORAS EN LOS AYUNTAMIENTOS
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La reciente aprobación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) ha impulsado a los sindicatos CCOO, UGT y CSIF a iniciar una campaña para extender esta reducción horaria a los empleados de todos los ayuntamientos del país. Aunque algunas ciudades como Madrid y Zaragoza ya aplican esta jornada, muchos otros consistorios aún no lo hacen.
La demanda de una jornada laboral de 35 horas en la administración local no es nueva. Algunos ayuntamientos la han implementado desde hace años, mientras que otros, como Barcelona, la han pactado más recientemente. La crisis financiera interrumpió muchas de estas iniciativas e incluso llevó a revertir la medida en algunas administraciones, como ocurrió temporalmente en Madrid.
¿Base legal para la implementación?
Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF consideran que la aprobación de la jornada de 35 horas en el Estado abre una vía legal para su aplicación en los ayuntamientos. Sin embargo, el Ministerio de Función Pública insiste en que el acuerdo se limita a los empleados públicos de la Administración General del Estado.
Si bien el acuerdo de reducción de jornada menciona explícitamente a los empleados de la Administración central, los sindicatos argumentan que la Ley de Bases de Régimen Local establece que la jornada de los funcionarios locales será la misma que la fijada para los funcionarios del Estado. En contraposición, Función Pública señala que una disposición adicional en los Presupuestos de 2018 fijó la jornada en el sector público en 37 horas y media, permitiendo pactar jornadas diferentes en la negociación colectiva.
La interpretación de esta normativa enfrenta al Ministerio con los sindicatos. CCOO, UGT y CSIF sostienen que la mención a la “normativa aplicable a entidades locales” mantiene la vigencia del artículo 94 de la Ley de Bases de Régimen Local, permitiendo a los ayuntamientos instar a la traslación de las 35 horas.
Adrián Todolí, profesor de Derecho Laboral, considera que la mención al carácter “supletorio” de la regulación estatal implica que la jornada de 35 horas no es directamente aplicable en aquellos consistorios con negociación colectiva que regule la jornada. Sin embargo, sí lo sería en ayuntamientos sin dicho acuerdo.
Otras fuentes jurídicas expresan dudas, reconociendo la validez de ambas interpretaciones: la de los sindicatos y la del Ministerio de Función Pública, que defiende la prevalencia de las 37 horas y media aprobadas en 2018, salvo pacto expreso en la negociación colectiva de cada administración.
Medio millón de trabajadores afectados
Ante esta controversia legal, los sindicatos han comenzado a tomar medidas para lograr la jornada de 35 horas en los ayuntamientos. CSIF ha instado a todos los consistorios a negociar la implantación de esta reducción, mientras que CCOO ha informado que está coordinando a sus delegados sindicales para promover la negociación de las 35 horas. UGT también apoya esta iniciativa.
CCOO estima que la reducción horaria afectaría a la mayoría de los trabajadores públicos de las entidades locales, que suman un total de 632.000 personas. El sindicato calcula que más de 500.000 empleados públicos se beneficiarían de esta medida, que actualmente solo se aplica en algunas grandes ciudades.
Según Juan José Regatos, secretario general del Sector de Administración Local de FSC-CCOO, este medio millón de trabajadores incluye tanto a personal funcionario como laboral. Regatos considera que no hay dudas legales para aplicar las 35 horas a los funcionarios locales y, paralelamente, al personal laboral de los consistorios.
Regatos señala que lo ideal es que la reducción horaria se negocie y pacte en las mesas de negociación de cada ayuntamiento, aunque no descarta que puedan surgir conflictos que requieran movilización e incluso judicialización.
