LA MEMORIA DE LOS ARCHIVOS Y LOS ENEMIGOS DE LA VERDAD
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
A casi ochenta años del golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil, muchas víctimas de la represión franquista aún yacen en cunetas y fosas comunes. Su memoria persiste no solo en los cementerios, sino también en archivos oficiales, donde el acceso a la documentación se restringe o prohíbe.
Investigaciones policiales, denuncias, torturas para obtener confesiones y juicios sin garantías permitieron al franquismo condenar a prisión o muerte a quienes defendieron la legalidad republicana. Esta verdad incómoda se ha ocultado durante años mediante disposiciones legales que dificultan su consulta.
Desclasificación de documentos del 23-F: un paso insuficiente
Recientemente, el Gobierno desclasificó documentos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, al cumplirse su 45 aniversario. Este es el plazo que establece la Ley de Información Clasificada para acceder a documentación catalogada como “alto secreto”. Aunque esta desclasificación es una buena noticia, su alcance se ha limitado a este evento concreto, resultando decepcionante.
Obstáculos legales al acceso a la verdad
Las dificultades para acceder a la documentación oficial sobre el pasado trágico no se deben solo a la Ley de Secretos Oficiales. La Ley de Patrimonio Histórico de 1985 impone plazos de hasta cincuenta años para acceder a documentos con datos personales que afecten el honor, como los procesos judiciales. Sin embargo, ¿qué honor se mancilla al revelar juicios sin garantías que justificaron la condena o el asesinato de los acusados? Ciertamente, no el de las víctimas.
El derecho a la información frente al derecho al olvido
La verdad tiene adversarios. Frente al “derecho al olvido” reclamado por los perpetradores y sus familias, debe prevalecer el derecho a la información y a la investigación histórica. Un plazo de cincuenta años para acceder a esta documentación es excesivo comparado con los veinte o treinta años que se aplican en otros países europeos. Una nueva Ley de Patrimonio Histórico es necesaria para conocer y divulgar nuestra historia reciente.
Desinterés y amenazas al presente
Resulta inquietante el desconocimiento y desinterés de muchos jóvenes hacia nuestro pasado más dramático. Esta democracia se ve amenazada por herederos de aquella época sombría, quienes, envalentonados, se exhiben públicamente y hasta ensalzan el franquismo en el Congreso de los Diputados.
Archivo Central del Ministerio del Interior: un caso paradigmático
A las interpretaciones restrictivas de las leyes se suma la falta de voluntad política. Un ejemplo es el Archivo Central del Ministerio del Interior, el único departamento ministerial que no ha transferido fondos al Archivo Histórico Nacional o al General de la Administración para su catalogación y acceso. Este archivo acumula documentación desde 1840, una irregularidad, ya que no debería albergar documentos con más de treinta años de antigüedad. Intentar acceder a sus fondos es una misión destinada al fracaso.
La Ley de Memoria Democrática y el acceso a los archivos
La Ley de Memoria Democrática establece el derecho al conocimiento de la verdad histórica sobre la violencia y el terror del régimen franquista, así como sobre la resistencia democrática. El artículo 15 recoge el compromiso del Estado con la investigación de la guerra civil y la dictadura. El artículo 27 garantiza el acceso libre y gratuito a los archivos públicos y privados sobre la guerra, la dictadura y la transición. Sin embargo, de poco sirve si se impide el acceso a la documentación custodiada en los archivos oficiales.
Memoria enterrada y archivos cerrados
Una parte de nuestra memoria democrática sigue enterrada en cunetas y fosas comunes, pero también en los archivos oficiales. Es necesario abrirlos para acercarnos a la verdad, un paso fundamental para la justicia y la reparación de las víctimas y sus familias.
