La Odisea de Probar la Falta de Antecedentes para Migrantes en España
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El Gobierno español ha habilitado una vía para asistir a los migrantes que, a pesar de haber solicitado el certificado de carencia de antecedentes penales en sus países de origen, no lo han recibido debido a retrasos habituales. Este artículo explora las dificultades que enfrentan los extranjeros al realizar este trámite, crucial para la regularización.
Un Requisito Indispensable con Trabas Burocráticas
Carecer de antecedentes penales en España y en el país de origen (o en los países de residencia durante los últimos cinco años) es un requisito indispensable para acceder a la regularización extraordinaria. Sin embargo, probar esta ausencia de delitos puede ser un desafío considerable.
Los plazos para obtener estos certificados varían drásticamente según la nacionalidad del migrante, pudiendo extenderse durante meses o incluso años. Ante esta situación, muchos extranjeros solicitaron sus certificados con anticipación, aunque otros no lo hicieron por temor a que caduquen antes de la aprobación del real decreto, o porque sus autoridades no facilitan el proceso.
Mientras que las embajadas de Colombia o Perú suelen ser ágiles en la emisión de estos documentos, las autoridades de países como Cuba, Nigeria o Mali presentan mayores obstáculos, a veces influenciados por sus propios contextos sociales. La nueva norma busca ofrecer un margen adicional en estos casos, reconociendo la frecuente demora en la recepción de estos documentos.
El solicitante podrá pedir al Gobierno su intervención a través de la vía diplomática, presentando un certificado de haber solicitado el documento y una declaración responsable. El Ejecutivo, a través de los Ministerios de Justicia y Exteriores, podrá presionar a las administraciones extranjeras para obtener una respuesta en un plazo adicional de tres meses, durante los cuales las solicitudes afectadas quedarán paralizadas.
Según Felipe Garoña, abogado experto en inmigración, países como Mali o Burkina Faso también presentan dificultades y retrasos en el proceso. Los solicitantes de asilo que sufren persecución en sus países de origen pueden enfrentar el rechazo de sus autoridades a emitir estos documentos.
Garoña considera oportuna la vía extraordinaria abierta por el Gobierno para ayudar a los migrantes con problemas en la justificación de la falta de antecedentes por parte de terceros países, calificando el apoyo diplomático como una medida valiosa para evitar el estancamiento de estos casos.
Las Misiones Policiales de Nigeria
Los ciudadanos de países subsaharianos, especialmente Nigeria, enfrentan particularidades en este trámite. Nigeria no permite realizar este trámite en sus embajadas, obligando a sus ciudadanos a viajar al país para la toma de huellas dactilares. Para paliar esta situación, organizan misiones diplomáticas periódicas, enviando agentes policiales a España para que sus ciudadanos puedan realizar trámites, incluyendo la solicitud de antecedentes.
Estos obstáculos generan situaciones complejas, como el caso de una mujer nacida en España, hija de padres nigerianos, que debió demostrar la carencia de antecedentes en un país que nunca había visitado. Durante meses, ella y su padre debieron estar atentos a las redes sociales para conocer la fecha de la misión de los policías nigerianos en España.
La validez de estos documentos también es un factor crítico, ya que Nigeria establece un período de caducidad de solo tres meses. Esto obliga a coordinar meticulosamente todos los trámites, ya que un error de cálculo puede invalidar el certificado y obligar a comenzar el proceso desde cero.
Mandar Mensajeros a Cuba
Los ciudadanos cubanos también enfrentan dificultades, especialmente en el contexto de la crisis eléctrica en el país. El proceso a través del consulado puede demorar meses, lo que lleva a muchos a recurrir a “contactos” para agilizar el trámite a cambio de pagos adicionales.
Un ciudadano cubano relató haber solicitado un certificado en septiembre del año anterior que aún no había recibido. Afortunadamente, la administración aceptó un documento caducado, permitiéndole obtener la residencia por arraigo.
En el caso de la regularización, los solicitantes de asilo y los migrantes en situación irregular deben acreditar la ausencia de delitos en España. La administración recabará de oficio su historial del Registro Central de Penados para asegurar que no representan un riesgo para el orden público o la seguridad nacional.
La intervención diplomática del Gobierno no garantiza la acreditación de la falta de delitos en sus países de origen. Si, tras el plazo extraordinario, no se recibe la acreditación, el Gobierno español notificará al solicitante y le concederá 15 días para aportar el certificado oficial. Si no se entrega, la solicitud de regularización será suspendida, aunque no sea responsabilidad del solicitante.
