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Los regantes de Tierra de Barros, en Extremadura, han recibido con optimismo el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular (PP) y Vox para impulsar el proyecto de regadío en la región, calificándolo como un “punto de inflexión”.

Un pacto clave para el sector. El acuerdo, compuesto por 61 puntos y 74 medidas, establece la creación de una Dirección General de Regadíos, con el objetivo prioritario de ejecutar el proyecto. Isidro Hurtado, presidente de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros, expresó su satisfacción ante la noticia, tras un periodo de “parón importante” en el desarrollo del proyecto. “Siempre hemos defendido que era una cuestión de voluntad política y de ponerse a trabajar”, afirmó Hurtado.

Contrarreloj para salvar la Declaración de Impacto Ambiental

El principal reto ahora es evitar la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cuya última prórroga vence en agosto de 2027. Según Hurtado, si no se inicia ninguna obra antes de esa fecha, sería necesario tramitar un nuevo proyecto medioambiental, lo cual complicaría significativamente el proceso.

La solución, según el presidente de los regantes, pasa por iniciar cualquier tipo de obra para mantener la vigencia de la DIA.

Esta será la prioridad en la mesa de trabajo que se establecerá con el nuevo gobierno regional. Hurtado tiene previsto reunirse con el nuevo consejero para transmitirle la importancia de evitar la caducidad de la DIA.

Once Años de Espera y una Situación Crítica

Este nuevo impulso político llega tras once años de espera y en un momento “muy complicado” para la Comunidad de Regantes. La falta de financiación ha obligado a tomar medidas drásticas, como prescindir de su técnico y cerrar la oficina física, que ahora opera de forma telemática con el fin de “no perder los derechos de agua de confederación”. Hurtado reconoció la dificultad de solicitar nuevas aportaciones a los comuneros ante la falta de soluciones a futuro.

Propuesta de Financiación Autonómica

Ante la parálisis, los regantes proponen que la Junta de Extremadura financie el proyecto con fondos propios, invirtiendo entre 25 y 30 millones de euros anuales durante una década, lo que supondría un coste total de alrededor de 350 millones de euros.

Hurtado lamentó que, en la situación actual, “la comunidad no se puede mantener”.

Disponibilidad de Recursos Hídricos Garantizada

Hurtado desmintió las dudas sobre la disponibilidad de agua, argumentando que los embalses de Alange y Villalba cuentan con recursos suficientes. Además, descartó la posibilidad de plantear un regadío de menor tamaño, ya que esto obligaría a “empezar de nuevo todo” y supondría la pérdida de parte de la concesión de agua otorgada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).