La reciente realización de las pruebas diagnósticas de segundo de la ESO en Cataluña ha desatado una profunda polémica en la comunidad educativa. La controversia se centra en la decisión de eliminar la prueba escrita en las materias de lengua, una medida que, según el sindicato de profesores de secundaria ASPEPC-SPS, representa un ataque directo a la alfabetización y al desarrollo del pensamiento crítico. Andreu Navarra, portavoz del sindicato, ha calificado la medida como una manifestación de “pedagogismo” e “infantilización” que persigue objetivos políticos muy concretos y peligrosos para el futuro de la sociedad.

Según Navarra, la supresión de la escritura en estas evaluaciones no es una decisión casual, sino que responde a una estrategia deliberada. “La palabra que orienta a hacer servir aquí es pedagogismo y es infantilización”, ha afirmado.

Para el portavoz sindical, estas políticas “forassenyades i delirants” forman parte de un plan que se está aplicando también en otros lugares como Estados Unidos o Canadá para “crear un clasismo”. Navarra va más allá y habla abiertamente de la instauración de un “tecnofeudalismo”, un sistema en el que se genera “en la pública una subclase de personas que no tienen derechos civiles” porque carecen de la capacidad de articular un pensamiento teórico.

El núcleo del problema, según el sindicato, es que se está atacando la base misma del conocimiento. “No tienen derecho al pensamiento teorético y, por tanto, no han de escribir bien. No se espera que escriban”, ha sentenciado Navarra.

Esta situación, que califica como el arranque de la “política alfabetizadora”, conduce a una “cultura post-alfabética” donde el conocimiento se privatiza. Navarra insiste en que no se trata de una “conspiranoia”, ya que son los propios responsables políticos quienes promueven estas ideas, llegando a justificar la falta de estudio con la existencia de la inteligencia artificial. “Se hace a plena luz del día”, ha lamentado.

Para el portavoz de ASPEPC, lo que desde una perspectiva democrática es un “fracaso”, para los impulsores de este modelo es un “éxito”. En su opinión, el objetivo de políticas educativas como la LOMLOE y los decretos del Govern es claro: “que en la pública no se piense y, por tanto, no se escriba”.

Navarra ha recordado la relación intrínseca y demostrada entre el pensamiento y el lenguaje, afirmando que estas medidas buscan deliberadamente reducir la capacidad crítica de la población para someterla. “Están trabajando para reducir y aplicar un dominio social contra la pública de una manera clara y explícita”, ha añadido.

Las consecuencias de este modelo, advierte Navarra, se extenderán al ámbito laboral, creando un futuro “absolutamente cruel y desaforado”. La falta de competencias lectoras y de escritura dejará a los futuros trabajadores en una posición de extrema vulnerabilidad. “Si tú no sabes leer, no leerás el contrato, no sabrás ni qué estás firmando”, ha ejemplificado.

El objetivo final, según él, es “reducir la población pública a una mano de obra barata” y sin derechos laborales. Esta visión se enmarca en un “negacionismo” generalizado sobre los problemas reales de la educación, que se ocultan tras una “propaganda oficial” de “triunfalismo tecnochachi”.

El colapso del sistema educativo es, desde el punto de vista de la democracia, “total”, según el sindicato. Navarra ha relatado situaciones alarmantes, como el caso de un tribunal de tesis doctoral en la Facultad de Filología donde los profesores admitían que “el alumnado de primer grado no era capaz de leer un poema de diez líneas”. Frente a este panorama, ha destacado que países como Suecia “están tornando a lo analógico, al boli, el papel, a la lectura de libros” como reacción a la “infantilización masiva” que promueven estas “políticas extremistas”.

Andreu Navarra también ha denunciado cómo este modelo impide a los docentes realizar su trabajo.

“A mí me prohíben enseñar literatura y me prohíben enseñar sintaxis”, ha confesado, explicando que esta frustración le llevó a implicarse en el sindicato para poder reclamar el derecho a educar. Por ello, el lema de su lucha es ahora “Bulem ensenyar” (“Queremos enseñar”). Critica que el currículum actual, basado en “competencias”, es en realidad un “dispositivo de dominio social” que instruye en la “disciplina laboral” en lugar de fomentar un sentido didáctico y pedagógico. El objetivo, concluye, es la “sumisión de la persona” para “crear rebaños” en lugar de ciudadanos críticos e informados.