España avanza hacia la constitucionalización del derecho al aborto
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Durante décadas, las mujeres españolas lucharon por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La despenalización parcial en 1985 y la ley de plazos de 2010 reconocieron este derecho ligado a la salud, la autonomía y la libertad. Aquella lucha individual se convirtió en una causa colectiva que impulsó a la sociedad.
La ley de 2010 marcó un hito al sacar a miles de mujeres de la incertidumbre. El Gobierno actual impulsa una reforma constitucional para garantizar el derecho al aborto, modificando el artículo 43 de la Constitución, con el aval del Consejo de Estado y coherente con la doctrina del Tribunal Constitucional.
Garantizar la igualdad efectiva
La garantía de la prestación del aborto es fundamental para la igualdad. El Estado asume la responsabilidad de hacer efectivo este derecho en todo el territorio y en todas las circunstancias previstas por la ley.
A pesar de los avances, aún existen obstáculos y desigualdades territoriales que dificultan el acceso al aborto para muchas mujeres. Los derechos de las mujeres son a menudo los más expuestos a la política.
La democracia en constante vigilancia
La democracia exige una vigilancia constante. Los derechos no son inalterables, ni la Constitución una pieza de museo. Los avances pueden revertirse si no se protegen con convicción democrática. Los derechos de las mujeres son los primeros en ser cuestionados cuando avanzan discursos reaccionarios.
En 2024, solo el 21,25% de los abortos se realizaron en centros públicos, dependiendo el resto de la red privada. La desigualdad territorial es inaceptable. Comunidades como Extremadura no realizaron ninguna intervención en la sanidad pública, y en Andalucía y Madrid los porcentajes fueron mínimos.
El acceso a un derecho no debe depender del lugar de residencia. No puede haber libertades a distinta velocidad.
Una reforma con dimensión democrática
La reforma tiene una dimensión profundamente democrática: garantiza que nadie pueda recortar la autonomía personal de las mujeres ni convertir su libertad en una disputa ideológica. España podría ser el segundo país del mundo en reconocer este derecho en su Constitución, después de Francia en 2024.
La Constitución debe servir para ampliar derechos, no para contemplar retrocesos. Se busca reforzar un principio esencial: que la decisión de una mujer sobre su cuerpo no dependa de mayorías cambiantes, presiones reaccionarias o fronteras autonómicas. Se trata de una reforma a favor de un país más decente, seguro y libre.
Defender este avance es defender una idea de España: la que no retrocede ante quienes quieren devolvernos al pasado, la que convierte la igualdad en ley y la dignidad en garantía.
El alma de un país
Las constituciones reflejan el alma de un país. España tiene la oportunidad de reconocer la lucha de generaciones de mujeres, afirmando que lo que está en juego es la capacidad de decidir, vivir con autonomía y ejercer la libertad sin tutelas ni retrocesos.
