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Una nueva controversia sacude la educación pública andaluza. CCOO de Cádiz ha denunciado la situación de Marco, un niño de Tahivilla cuya familia teme que pierda el apoyo especializado que necesita en la escuela a partir del próximo curso.

El sindicato critica duramente a la Junta de Andalucía, acusándola de “falta de humanidad” y de priorizar criterios económicos por encima de la seguridad y la inclusión del menor. Esta decisión ha generado indignación en la comunidad educativa de la comarca.

CCOO Denuncia Riesgo para la Seguridad de Marco

Según CCOO Cádiz, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional planea retirar el servicio de PTIS (Personal Técnico de Integración Social) que actualmente asiste a Marco durante el horario escolar para el curso 2026-2027.

Este recorte se produciría precisamente cuando Marco pase de Infantil a Primaria, un cambio que la familia considera crucial.

El papel del PTIS es fundamental en el caso de Marco, ya que supervisa constantemente su alimentación para evitar posibles accidentes que podrían poner en riesgo su salud.

Tanto la familia como el sindicato advierten que la supresión de esta figura dejaría al niño sin la atención especializada que requiere diariamente en el centro educativo.

CCOO considera que esta medida responde únicamente a razones presupuestarias, sin tener en cuenta criterios pedagógicos o asistenciales.

El sindicato denuncia que la administración provincial está tomando una “decisión meramente económica” sin evaluar adecuadamente el impacto que tendría en el bienestar y la seguridad del niño.

Desigualdad entre Medio Rural y Ciudades

Santiago Acha, secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO Cádiz, ha criticado la situación, señalando que este caso evidencia una desigualdad estructural en el acceso a recursos educativos especializados entre municipios rurales y zonas urbanas.

Acha afirma que la eliminación de apoyos como el que recibe Marco es un ejemplo más del “desmantelamiento de la igualdad de oportunidades”, especialmente en entornos rurales como Tahivilla, donde los recursos educativos suelen ser más limitados.

En su opinión, si el niño estuviera escolarizado en una ciudad más grande, la continuidad de uno o varios PTIS en el centro no estaría en duda.

El sindicato considera que esta diferencia territorial perjudica gravemente a las familias que viven fuera de los grandes núcleos urbanos, obligándolas a menudo a enfrentar mayores dificultades para que sus hijos tengan una educación en igualdad de condiciones.

Para CCOO, situaciones como esta profundizan la brecha entre el ámbito rural y el urbano, generando en muchas familias una sensación de abandono institucional.

Además, la organización sindical recuerda que garantizar servicios adecuados en la escuela rural es fundamental para evitar la despoblación de pequeños municipios, ya que muchas familias valoran la calidad y los recursos de los centros educativos al decidir si permanecen en su localidad.

La Familia se Moviliza de Nuevo

La familia de Marco ya se enfrentó a una situación similar hace tres años. En 2023, organizaron una recogida de firmas para solicitar la asignación de un PTIS que atendiera las necesidades del niño durante toda la jornada escolar.

Aquella campaña logró visibilizar el caso y finalmente la administración atendió la demanda.

Ahora, ante la posibilidad de perder nuevamente este recurso, los padres han iniciado una nueva movilización social para exigir que el apoyo se mantenga en la nueva etapa educativa.

CCOO ha expresado públicamente su apoyo a esta campaña y se ha ofrecido a acompañar a la familia en todas las acciones reivindicativas necesarias.

El sindicato exige la paralización inmediata de la medida y reclama que la Delegación Territorial de Educación mantenga el servicio de PTIS sin interrupciones.

También advierte que no descarta llevar la protesta a otras instancias administrativas si no se revisa la decisión.

Mientras tanto, el caso de Marco se ha convertido en un símbolo de una reivindicación más amplia sobre la necesidad de proteger los recursos de atención especializada en la educación pública y garantizar que ningún menor vea comprometida su seguridad o su desarrollo por falta de medios.