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El Ayuntamiento de Granada no implementará la moción que buscaba prohibir el uso del burka y el nicab en los edificios municipales. La asesoría jurídica del Consistorio ha dictaminado que la propuesta, originalmente impulsada por Vox, no se ajusta a la legalidad vigente, declarándola “no viable”.

Esta decisión se produce después de que Granada se convirtiera en febrero en la primera ciudad española en aprobar una iniciativa de estas características.

La moción solicitaba la elaboración de un reglamento específico a los servicios jurídicos, cuyo informe ahora concluye que la prohibición no puede llevarse a cabo.

El informe jurídico, extenso en seis páginas, es claro al indicar que el texto de la moción “no se acomoda a la legalidad”. El portavoz municipal, Jorge Saavedra, ha explicado que el principal argumento reside en que este tipo de prohibiciones entran en conflicto directo con el derecho a la libertad religiosa.

Doctrina del Tribunal Supremo como base

Los juristas también se basan en la doctrina del Tribunal Supremo, recordando que, ante la ausencia de una ley estatal que regule esta materia, la aplicación de restricciones de este tipo sería jurídicamente “no viable” a nivel municipal.

Debate político en torno a la moción

Durante la defensa de la moción en febrero, la portavoz de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, afirmó que su formación “no quería a ninguna mujer ‘encerrada en una cárcel de tela’”, desligando la propuesta de cualquier intención de “racismo o islamofobia”.

El PP defendió la medida enmarcando el debate en una cuestión de igualdad, argumentando que estas vestimentas “simbolizan el sometimiento”.

Por otro lado, el PSOE relacionó el texto con el “racismo de Vox” y criticó la mezcla de inmigración y seguridad “desde un posicionamiento xenófobo”.